Los obstáculos y limitaciones a la libertad de expresión, referencia a Centro América

(PANAMÁ, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR)

Alejandro Fuenmayor Espina

Conferencia dictada en reunión de la UNESCO (Centro América)

Guadalajara- México 2006

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

II. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" Y LOS PAISES DE CENTRO AMÉRICA.

III. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA".

IV. LOS ORÍGENES Y LAS CAUSAS DE LOS OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

a) Los Orígenes y las causas histórico-políticas. (El Militarismo y las guerras civiles)

1) El Militarismo

2) Las Guerras Civiles. (El Salvador y Guatemala)

b) Los Orígenes y las causas de índole económica (la concentración de propiedad de los medios de comunicación social)

c) Los Orígenes y las causas de índole educativa y cultural.

d) Los Orígenes y las causas de índole legal.

V. LOS OBSTÁCULOS Y LAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

a) Los Obstáculos Gubernamentales (El Poder Ejecutivo)

1) Los Mecanismos Directos de restricción a la Libertad de Expresión.

1'. La represión física y amenazas contra periodistas.

2'. La Censura previa.

3'. La restricción al derecho a la protección de la fuente de información del periodista y de los comunicadores sociales.

4'. La Intervención a teléfonos y a correos electrónicos.

2) Los Mecanismos Indirectos de restricción a la Libertad de Expresión.

b) Los Obstáculos Legales (Poder Legislativo)

1) Las Leyes de Desacato

2) La tipificación penal de la Difamación y de la Injuria.

c) Los Obstáculos Judiciales (El Poder Judicial)

VI. CONCLUSIONES

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

El tema sobre los obstáculos y las limitaciones a la Libertad de Expresión, en los países de Centro América, amerita hacer un breve comentario sobre las nociones generales de esta libertad primaria del ser humano; así como también, amerita ubicarnos en el contexto jurídico centroamericano sobre la libertad de expresión,  a fin de evaluar en forma objetiva y transparente, donde se presentan las limitaciones y obstáculos a esta libertad, visualizando que existen ciertos matices que diferencian los términos  obstáculo y limitación. Así pues,  obstáculose define como un impedimento, estorbo o inconveniente. La  limitaciónse  define como una restricción o cercenamiento. Si aplicamos estos términos a la libertad de expresión del pensamiento del ciudadano, observamos que la limitación, en principio, se refiere a las limitaciones legales impuestas por los Poderes Públicos del Estado; en cambio, el obstáculo hace  referencia a vías de hecho o vías o medios indirectos que cercenan esta libertad que pueden provenir tanto del sector público como del sector privado.

En el análisis sobre las nociones generales de  la Libertad de Expresión,  que es considerada  como  la libertad primaria del ser humano; observamos que de ella han nacido  las demás libertades y derechos del hombre y de la mujer, tales como el derecho a la educación, a la cultura, a la industria y al comercio, y  en general, todos los derechos que hoy tienen un reconocimiento oficial por parte de los organismos internacionales que agremian a los distintos Estados del Planeta; desde organismos mundiales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

La manifestación primaria del derecho a la vida, es justamente la expresión o exteriorización del pensamiento; pensamiento que a su vez ha construido, construye y construirá hasta la eternidad de nuestros tiempos,  las ideas y las  teorías, que  con la pretensión y ambición de poder y de dominio que siempre han caracterizado al ser humano desde su creación,  son impuestas en los diversos sistemas políticos y sociales. Así pues, la cultura, la educación, son producto de  la exteriorización del pensamiento del ser humano, que a fin de cuentas es el gran constructor  de  las ideologías en la historia del mundo. Justamente, por ser la libertad de expresión la gran constructora de las ideas que conducen el mundo, ella se involucra irreversiblemente en el poder político y económico del Estado y del sector privado. De ahí, que el ejercicio de la misma suele encontrar  tropiezos, impedimentos y limitaciones, que obedecen a  intereses públicos y privados.

En el mundo actual, su uso cotidiano está íntimamente ligado a  periodistas y a comunicadores sociales que se han configurado como los principales combatientes de la defensa de esta Libertad, y que suelen ser las victimas primarias cuando estos impedimentos y tropiezos van acompañados de violencia, con resultados fatales, que  en muchos casos  ciegan la vida de los periodistas y comunicadores sociales.

Según las palabras del ex director de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, la libertad de expresión se nos presenta como una  institución fundamental y frágil  al mismo tiempo; así pues, en el año 1999, en su mensaje sobre la celebración de los cincuenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al referirse a la Libertad de Expresión expuso lo siguiente:

“ .... con harta frecuencia a ella se oponen la mordaza, la cárcel e incluso la muerte, lo cual nos obliga a todos a abogar incesantemente por ella, y a dotarse de los medios necesarios para que puedan existir, hacer causa común con los periodistas amenazados, porque son ellos los que encarnan esas libertades”.

Así mismo, podemos referirnos al actual Director General de la UNESCO Koichiro Matsuura, quien también ha señalado la importancia de la Libertad de Prensa, al calificarla de “requisito indispensable del funcionamiento de una democracia sana en la que el pueblo sea libre de decir lo que piensa” ……”Sin medios libres, independientes y pluralistas, ¿ Como podría la población elegir a sus representantes con conocimiento de causa, entender que las autoridades adoptan ciertas decisiones, o participar efectivamente en la cosa pública ?.

Estas palabras nos permiten entender la forma como los ciudadanos sentimos y entendemos la Libertadde Expresión, que además de ser una libertad pública, se ha convertido en una necesidad, sin la cual ya no  podemos vivir.  La Libertadde Expresión es un derecho humano que a través de los medios de comunicación y nuevas tecnologías de información y comunicación (ejemplo INTERNET), configura un gran poder mediático en el mundo; por ello, su análisis jurídico y político se nos presenta como un binomio indisociable. Difícilmente podremos comprender en su plenitud el tratamiento jurídico internacional y nacional de este derecho humano, si no tomamos en consideración el entorno de los poderes políticos y  económicos a través del cual los ciudadanos ejercen  esta libertad. En este sentido, las limitaciones y obstáculos a esta libertad la analizamos en el contexto del Estado democrático que, con sus aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades,  es el que rige en los países centroamericanos, y la mayoría de los países latinoamericanos.

Hoy en día son indiscutibles las doctrinas que abogan por el derecho a la información y a la libertad de comunicación del ciudadano. Esta  categoría de doctrinas se caracterizan por proteger a  los ciudadanos en general independientemente de que sean o no dueños y propietarios de medios de comunicación social; protegen el derecho humano de expresar las ideas a través de los medios y él de recibir una información veraz y objetiva de los mismos; ellas  se fundamentan en el  moderno Estado Social de Derecho, y  a pesar de que su esencia está  en la doctrina clásica liberal,  tratan de buscar un equilibrio entre la concepción individualista de la libertad de expresión y el interés social  y colectivo de los ciudadanos en general.

En este orden de ideas, el análisis de los obstáculos y de las limitaciones a la libertad de expresión, tiene por objeto, en primer lugar,  monitorear y evaluar todas aquellas situaciones de hecho y de derecho, que configuran impedimentos, no solo para los propietarios de los medios de comunicación social, sus periodistas y comunicadores, (para buscar, recibir y difundir libremente las informaciones e ideas); y en segundo lugar,  analizar los impedimentos y restricciones de las que son víctimas los ciudadanos para ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una información auténtica y veraz, cuando la misma es sesgada por elites políticas o económicas.

En el análisis de dichas limitaciones y obstáculos, debemos tener presente también que el Estado es gobernado por personas, que mediante el mandato colectivo del voto popular, administran y gestionan las finanzas públicas, las cuales configuran el patrimonio económico del país, que debe ser considerado como la propiedad colectiva de la soberanía popular. Una consecuencia inmediata de la democracia representativa, y de la propiedad colectiva de todos sobre las finanzas públicas del Estado, es el derecho que tiene cada ciudadano de acceder a la información sobre los asuntos públicos, fundamento esencial del Principio de Transparencia democrática.

Ahora bien, para  saber cuales son las situaciones que configuran los obstáculos y las limitaciones a la Libertad de Expresión en Centro América, es necesario conocer los postulados jurídicos internacionales que vinculan a estos países en materia de Libertad de Expresión. Igualmente, es necesario conocer, los postulados constitucionales sobre los cuales se sustenta el ejercicio de esta Libertad en los países de Centro América.

En este sentido, observamos que el Tratado Internacional que rige a los países de Centro América sobre la  Libertad de Expresión, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”  del 22 de noviembre de 1969.

II.   VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”  Y  LOS PAISES DE CENTRO AMÉRICA. [subir]

Este Pacto, regula en su artículo 13 y 14, el ejercicio de la Libertad de Expresión y el Derecho de Rectificación o Respuesta, los cuales se transcriben a continuación:

"Artículo 13.· Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.· Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14.· Derecho de Rectificación o Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial......"

A continuación citamos los países centroamericanos que le reconocen al Pacto, su vigencia como norma jurídica de derecho público aplicable en sus respectivos territorios.

Panamá. El 22 de junio de 1978 el Gobierno de Panamá depositó la ratificación del Tratado. El 9 de mayo de 1990, se presentó en la Secretaría General de la OEA, instrumento fecha 20 de febrero de 1990, mediante el cual declara que el gobierno de la República de Panamá reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este Pacto fue aprobado por la Asamblea nacional de Representantes de Corregimiento en fecha 28 de noviembre de 1977 y publicado en Gaceta Oficial No. 18.468 de fecha 30 de noviembre de 1977[1].

Nicaragua. La ratificación del Tratado fue depositado en fecha 25 de septiembre de 1979. En fecha 12 de febrero de 1991 el Gobierno nicaragüense mediante instrumento entregado en la Secretaría General de la OEA declaro que: reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica"[2].

Costa Rica. País anfitrión, en fecha 25 de mayo de 1978, el Tratado fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En fecha 2 de julio de 1980, el Gobierno costarricense presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los artículos 45º y 62º del Pacto[3].

El Salvador. El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 23 de junio de 1978, con reserva y una declaración. Así pues se ratificó la convención, interpretándose las disposiciones de la misma en el sentido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente tendrá competencia para conocer cualquier caso que le pueda ser sometido, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por cualquier Estado parte, siempre y cuando el Estado de El Salvador, como parte en el caso, haya reconocido o reconozca· dicha competencia, por cualquiera de los medios y bajo las modalidades· que en la misma convención se señalan[4].

Honduras. El 9 de· septiembre de 1981, el Gobierno de Honduras presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 62º de la Convención[5].

Guatemala. El 9 de marzo de 1987 el Gobierno de Guatemala presentó en la Secretaría General de la OEA Acuerdo Gubernativo, por la cual reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo los siguientes términos: Artículo 1) Declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva· de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario General de la OEA[6]. 

III.   FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA". [subir]

Adicionalmente a este vínculo jurídico oficial con los organismos de la Convención por parte de los países ya analizados, observamos que algunos de ellos, le dan aplicación preferente a los Tratados Internacionales de Derecho Público, sobre el derecho interno. En este sentido el Pacto de San José de Costa Rica, en tanto que Tratado Internacional de Derecho Público;  y concretamente en el caso que nos ocupa en el presente trabajo,  los artículos 13º y 14º,  tienen aplicación preferente sobre el derecho interno de la mayoría de los países miembros del Pacto.

A título de ejemplo podemos citar los siguientes países:

El Salvador.  En el artículo 144º de la Constitución establece lo siguiente: Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Sin embargo, debemos tener presente que el Gobierno de El Salvador ratifico el Tratado con reserva, en el sentido, que reconoce la competencia de la  de la Corte para cada caso concreto bajo las modalidades que la misma convención señala en el artículo 62º, numeral 3.

Costa Rica.  El artículo 7º de la Constitución establece lo siguiente: Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

Honduras. El artículo 18º de la Constitución establece lo siguiente: En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero.

Guatemala. El artículo 46º de la Constitución establece lo siguiente: Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Como se puede apreciar, existe una norma jurídica internacional común a todos estos países, lo cual nos permite vislumbrar una concepción homogénea, desde el punto de vista  jurídico sobre el alcance y restricción legal que tiene la Libertad de Expresión en los países de Centro América.

A continuación citamos los artículos constitucionales rectores de  la Libertad de Expresión en los seis países centroamericanos objeto de este estudio.

La Constitución de la República de El Salvador.

ARTICULO 6.- Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.

En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumento de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento.

No podrán ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisada, y demás empresas de publicaciones. Esta prohibición es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios.

Las empresas mencionadas no podrán establecer tarifas distintas o hacer cualquier otro tipo de discriminación por el carácter político o religioso de lo que se publique.

Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona.

Los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley.

La Constitución Política de la República de Costa Rica.

ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.

La Constitución de la República de Honduras.

ARTICULO 72.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

ARTICULO 73.- Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la Ley.

Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos extranjeros. La Ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de este precepto.

La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento.

ARTÍCULO 74.- No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.

ARTÍCULO 75.- La Ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud.

La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será regulada por la Ley.

La Constitución de la República de Panamá.

ARTICULO 37.- Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidad legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

La Constitución de la República de Nicaragua.

ARTÍCULO 30.- Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.

La Constitución de la República de Guatemala.

ARTICULO 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.

No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación.

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.

Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.

La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción, para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.

Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo.

Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento.

Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida.

Este contexto jurídico en el cual se sustenta la Libertad de Expresión en los países de Centro América, nos permite precisar los obstáculos y  las limitaciones que son contrarios a los postulados constitucionales de dichos países y a los postulados del "Pacto de San José de Costa Rica". En este orden de ideas amerita analizarse los orígenes y consecuencias de estos obstáculos y limitaciones a la Libertad de Expresión, algunos de los cuales se remontan a fechas anteriores a la vigencia del régimen jurídico internacional aplicables a los seis países de Centro América y a sus Constituciones actuales.

IV. LOS ORÍGENES Y LAS CAUSAS DE LOS OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. [subir]

Los orígenes y las causa de los obstáculos y limitaciones a la libertad de expresión, las podemos clasificar de la siguiente forma: a) orígenes y causas histórico – políticas, caracterizadas por los regímenes militares y las guerras civiles acaecidas en Centro América. En esta categoría de orígenes y causas exceptuamos a Costa Rica; b) orígenes y causas de índole económica caracterizada por el problema de la concentración de la propiedad  de los medios de comunicación social; c) orígenes y causas educativas y culturales caracterizadas por el bajo nivel educativo y cultural de las clases sociales con menores recursos, y en algunos países, por la diversidad cultural y lingüística excluida social y económicamente; d) orígenes y causas de índole legal caracterizada por leyes contrarias al espíritu, propósito y razón de las constituciones de Centroamérica y el Pacto de San José de Costa Rica.

a) Los Orígenes y las causas histórico-políticas. (El Militarismo y las guerras civiles)

1.  El Militarismo

Uno de los orígenes de las barreras al derecho a la libertad de expresión en Centroamérica es el "Militarismo" del pasado, que durante muchas  décadas imperó en Centro América, (con excepción de Costa Rica)  y que fue base de las relaciones políticas, sociales y culturales en dichos países. En este sentido, "...... Entendemos el MILITARISMO como: "la doctrina o sistema que valora positivamente la guerra y atribuye a las fuerzas armadas primacía en el Estado y la sociedad". "Exalta una función, la aplicación de la violencia, y una estructura institucional: la organización militar. Implica a la vez una orientación política y una relación de poder." "El uso de la violencia militar esta relacionado sobre todo a las relaciones exteriores, frente a los enemigos de la patria."....... la organización militar, implica a la vez una orientación política y una relación de poder. El uso de la violencia militar esta relacionado sobre todo a las relaciones exteriores, frente a los enemigos de la patria. El modelo ideal de militarismo se da en la antigüedad con el Estado Espartano, en el Japón de 1931 a 1945 y en la Alemania durante las últimas etapas de la primera guerra mundial, con el modelo del ejercito prusiano, que luego modernizara Hitler......" En Estados altamente militarizados, con bases centralizadas en términos patológicos, es el Ejercito el que decide unilateralmente el carácter de las instituciones básicas, la forma de Gobierno y, sobre todo, los derechos y deberes de los ciudadanos, escritos en "nuevas constituciones", limitando el ejercicio de los derechos y especialmente, el derecho a la libertad de prensa[7] .

En el  caso de Centroamérica, esté modelo no le es ajeno (con excepción de Costa Rica), a los países de la región, los cuales fueron gobernados en el pasado, por Gobiernos militares, al igual que otros países de América Latina, y que como su modelo lo indica, la libre comunicación de las ideas y de la información, así como la disidencia a la ideología oficial del Estado,  choca contra el estilo de pensamiento único que imponen estos regímenes desde el Poder Público. En este sentido, el imperio de estos gobiernos en Centro América han dejado una herencia cultural, que aun subyace en los sistemas democráticos, no solo de América Central, si no además, de la mayoría de los países latinoamericanos. El estilo represivo de estas dictaduras hacia el ejercicio de la Libertad de Expresión, ha dejado sus trazas en los vigentes regímenes democráticos.

El abogado Enrique Ghersi, profesor de la Universidad de Lima, en artículo titulado sobre el Nuevo Militarismo, publicado en fecha 21 de abril de 2003 por el Centro de Investigación de Políticas Públicas no partidistas con sede en la ciudad de Washington D.C, fundado en 1977; distingue tres tipos de militarismo: el primer militarismo que transcurre luego de las guerras de independencia, y ocupa casi todo el siglo XIX. El segundo militarismo, aunque nace en distintos momentos, según cada país, conjuga el progresismo con la doctrina de la seguridad nacional (Pinochet, Perón, y otros). El tercer militarismo, que es el que adviene, y habida cuenta de que no es posible instaurar un puro y simple gobierno militar por las repercusiones internacionales y el aislamiento que supondría, se convierte en una suerte de bonapatartismo plesbiscitario, constituyendo una nueva perversión de la democracia latinoamericana. Este neomilitarismo se caracteriza por una enemistad profunda con la sociedad democrática y la economía abierta; da la impresión que tiene además un acento populista pronunciado y una peligrosa dosis de infiltración comunista; en el fondo, lo que representa es el descontento popular que existe contra la política democrática en Latinoamérica.

Como se puede apreciar, el militarismo aun subsiste en la cultura latinoamericana. Esta herencia se refleja además, en la mentalidad caudillista que aun persiste en la noción de muchas políticas públicas, el secretismo de los asuntos públicos, la visión exclusiva de los representantes del Estado en el manejo del patrimonio público, excluyente de la participación social del ciudadano; la intolerancia y poca receptividad hacia el control social como derechos fundamentales de los ciudadanos, periodistas y comunicadores. Todo esto configura un obstáculo o impedimento para el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información del ciudadano. Así pues, los Gobiernos democráticos  tienden a imponer de manera uniateral su concepción política sobre el manejo del Estado y son intolerantes ante la disidencia política. Esta intolerancia ante la disidencia, que se configura como obstáculo a la Libertad de Expresión, tiene su origen, entre otros, en los regímenes militares que durante muchos años gobernaron los países de Centro América con excepción de Costa Rica. Si bien se ha sustituido el sistema militar por el sistema democrático representativo y de división de poderes públicos,  aun persiste una cultura caudillistas en la visión política de Estado, que debilita al sistema democrático y por ende, a la libre circulación de las ideas y de la información, premisa esencial de la Libertad de Expresión. Las democracias aun no han pasado del sistema representativo formal, al sistema participativo y activo del ciudadano, donde el poder político del Estado y la soberanía popular guarden el equilibrio necesario, en beneficio de las mayorías sociales.

Con relación a estas apreciaciones,  podemos hacer una breve sinopsis histórica de los gobiernos militares que han imperado en Centro América.

Nicaragua.La historia contemporánea de este país esta marcada con la  dinastía de los Somoza, quienes durante varias décadas dirigieron los destinos de esa Nación en forma autoritaria y caudillista y donde la prensa tuvo severos tropiezos con los Poderes Públicos. No podemos olvidar el asesinato de del Director del Diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro.

 Honduras. Este país experimentó Gobiernos Militares  entre los años de 1956 y 1982. El primer golpe de estado dirigido  por la Junta Militar de 1956. Los dos gobiernos del Gral. Oswaldo López Arellano, que estaba en el poder cuando ocurrió la Guerra  Hondura-Salvadoreña; el Gral. Juan Alberto Melgar Castro; el Triunvirato, presidido por el Presidente de las Fuerzas Armadas, el Gral. Policarpo Paz García, e integrado además por el comandante de la FUSEP Amilcar Zelaya Rodríguez y por el Coronel Domingo Álvarez en 1980. El Gral. Policarpo Paz García quedó elegido como Presidente Provisional en 1980, mientras el país se preparaba para elegir a un Presidente Constitucional en 1982, que marcó la era de la democratización de Honduras[8].

Guatemala.  Podemos referirnos al gobierno militar del Coronel Castillo Armas  hasta 1958 que es remplazado por el gobierno del General Ydígoras Fuentes. En respuesta a este  gobierno cada vez más autocrático, un grupo de oficiales militares menores lo repugnó en 1960, convirtiéndose  este grupo  en el núcleo de las fuerzas armadas  insurgentes que lucharían contra el gobierno militar durante los 36 años siguientes. El gobierno de Ydígoras Fuentes acabó en marzo de 1963 bruscamente a manos del Coronel Enrique Peralta Azurdia,  tras un golpe de estado. Entre 1970 y 1982 hubo una serie de gobiernos militares o controlados en la sombra por éstos por militares. El primero fue el del General Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) y luego continuó con el General kiell Eugenio Laugerud García. El 23 de marzo de 1982, comenzaría el final del conflicto de 36 años. Tras unas elecciones con dos participantes favoritos Efraín Ríos Montt y Kjell E. Laugerud García se dio la victoria al segundo. Tropas del ejército mandadas por oficiales menores que apoyaban a Efraín Ríos Montt, dieron un golpe de estado junto a éste argumentando fraude electoral y que la victoria era de Ríos Montt. Es en el año 1986, cuando Vinicio Cerezo, un político civil y el candidato a presidente del partido de la Democracia cristiana, ganó la primera elección sostenida bajo la nueva constitución, tomando posesión del cargo el 14 de enero de  1986[9].

Panamá.  Este país también estuvo gobernado por gobiernos militares como fue el del General Omar Torrijos quien accedió a gobernar el País mediante un golpe militar el 11 de Octubre de 1968. Posteriormente, observamos el gobierno de Manuel Antonio Noriega quien es derrocado en el año 1989[10].

 El Salvador.Este país estuvo gobernado por una serie de gobiernos militares dentro de los cuales podemos referirnos al de Maximiliano Hernández Martínez, quien tomó el poder en 1931, iniciando una serie de regímenes militares que duró medio siglo. La represión dejó un saldo de 12.000 muertos. Podemos observar el fraude electoral que llevó al poder al coronel Arturo Molina, del Partido de Conciliación Nacional (partido oficialista del gobierno), en las elecciones de febrero de 1972. En 1977, un nuevo fraude llevó a la presidencia al general Carlos Humberto Romero. El 15 de octubre de 1979, asumió el gobierno una junta cívico-militar integrada por representantes de la socialdemocracia y la democracia cristiana, para luego comenzar un tumultuoso camino hacia la era  democrática.

Esta breve sinopsis histórica, nos demuestra la presencia militar en la historia de los Gobiernos de  Centroamérica, con excepción como ya dijimos de Costa Rica. La memoria colectiva que han dejado en el ciudadano estos gobiernos los podemos encuadrar dentro de los orígenes y causas de los obstáculos de la Libertad de Expresión, por el carácter represivo que caracterizaron estas dictaduras en el pasado y por las trazas culturales que han dejado en los regímenes democráticos actuales en Centro América, así como en una gran cantidad de países en América Latina.

2.   Las Guerras Civiles.  (El Salvador y Guatemala)

Otro de los orígenes y causas de los obstáculos y limitaciones a La Libertad de Expresión los podemos ubicar en las guerras civiles de las que han sido víctimas los países de Centro América, fundamentalmente las guerras civiles de Guatemala y El Salvador. No olvidemos que tanto las dictaduras militares como las guerras civiles, han tenido una influencia decisiva en la cultura del miedo, en los asesinatos y muertes violentas motivadas en la disidencia ideológica, y que ha quedado impregnado en estas poblaciones. Obviamente, estos hechos son una de las causas que obstaculizan el libre flujo de la libertad de expresión; ya que, uno de los requisitos para que exista libertad de expresión, es que las poblaciones en donde esta libertad se ejerza este influenciada por la cultura de paz y no por la cultura de la violencia y de la guerra.

En el caso de El Salvador observamos que, la década transcurrida entre 1970 y 1980 cimentó de forma irreversible las bases de una confrontación prolongada y sangrienta que alcanzaría su plena expresión entre 1980 y 1992. Fue un proceso caracterizado por la profundización del terrorismo de estado implementado por la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y diversos organismos paramilitares clandestinos ("Escuadrones de la Muerte") que operaron al amparo de las propias instituciones del estado y que contaron con el apoyo y financiamiento de poderosos grupos económicos y políticos. En esta época se registraron las primeras masacres, asesinatos y desaparecimientos forzosos ejecutados en el campo y la ciudad. Esto constituye una marca en la historia salvadoreña, que ha dejado un sesgo de miedo y temor, que incide de manera directa en el espíritu que impregna la libertad de expresión, y que obviamente también puede calificarse como uno de los orígenes y causas de dichos obstáculos. No podemos olvidar el lamentable hecho ocurrido el 24 de marzo de 1980 en el que el arzobispo de San Salvador monseñor Oscar Arnulfo Romero fue asesinado mientras oficiaba una misa en clara represalia por su permanente defensa de los derechos humanos.

Sin embargo; es bueno aclarar que según el informe de Periodistas sin Fronteras del año 2006, El Salvador figura en el  puesto número 16, Costa Rica en el  puesto número 29 y Panamá en el  puesto número 39; mientras que Honduras figura en el puesto  número 64, Nicaragua en el puesto número 69, y Guatemala en el puesto número 90.

Con relación a Guatemala observamos que con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, este país entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17 % eran ladinos. En este sentido, la libertad de expresión va íntimamente vinculada al libre ejercicio de los derechos cívicos. Al cerrarse los espacios para la participación social y política, implícitamente se cerraron los espacios para la libertad de expresión. Durante el largo periodo del enfrentamiento armado, el simple hecho de pensar críticamente se constituyó en Guatemala en un acto peligroso, y escribir sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y social del país significó correr el riesgo de la amenaza, la tortura, la desaparición y la muerte. La opinión de los ciudadanos, escritores, artistas, poetas, políticos y periodistas, estuvo sujeta a los riesgos que la represión y la polarización ideológica les imponían al ejercer el derecho a expresarse. Aun habiendo gente que levantó su voz a pesar de los riesgos, debe señalarse que las grandes empresas periodísticas en general se adhirieron a los regímenes autoritarios, autocensurándose o tergiversando las realidades. El precio fue muy alto no sólo por el número de vidas humanas perdidas sino porque Guatemala se convirtió en un país silenciado, en un país incomunicado[11].

b) Los Orígenes y las causas de índole económica  (la concentración de propiedad de los medios de comunicación social).

A partir de los años 90 el sector de las comunicaciones experimentó un vertiginoso proceso de expansión, con la incorporación masiva de tecnología y una constante concentración de la propiedad de los medios. En otras palabras, un conjunto de fenómenos de expansión, concentración y, en consecuencia, una exclusión social del acceso a la información.

El proceso de globalización de los medios de comunicación es similar y sincrónico en muy diferentes lugares del planeta.  Se caracteriza por:
  • La desestatización y trasnacionalización de los medios de comunicación y las redes de telecomunicaciones que le sirven de soporte,
  • Privatización y comercialización de los servicios públicos de radiodifusión sonora y televisión abierta,
  • Procesos de desregulación y re-regulación o regulación por el mercado, liberalizando o privatizando la propiedad de los medios a través del otorgamiento de licencias o habilitaciones administrativas, se habilitó la propiedad de los medios a inversores privados y se modificaron las legislaciones,
  • Los medios se integraron horizontal y verticalmente dentro de las fronteras nacionales, generando conglomerados locales, con relaciones estrechas con los Gobiernos y vínculos con empresas trasnacionales,
  • Los más poderosos generaron corporaciones regionales que tienen una presencia territorial que tratan de extender, y,
  • Lo trasnacional y la  concentración de las industrias culturales en propiedad, redes de circulación y producción de contenidos.

En este sentido podemos observar a las corporaciones globales de medios de los Estado Unidos de Norteamérica (USA)  y Europa que tienen una presencia mundial y consolidan y extienden esa presencia. Las seis mayores hasta la próxima fusión son News Corporation de Murdoch, AOL Time Warner (USA), Walt Disney Co (USA), Bertelsmann AG (Alemania), Viacom (USA) y Vivendi Universal (casa matriz en el Reino Unido,  que es la respuesta europea a la fusión AOL Time W.).

Pero además, la globalización y las políticas de convergencia tecnológica (telecomunicaciones + industrias culturales + tecnologías de la información) generaron una clase global de magnates locales de medios, que manejan sectores claves de sus economías nacionales, tienen enorme poder político y gran influencia en la agenda pública cotidiana.  

Por lo tanto, el origen de las limitaciones a la libertad de expresión no se encuentra solamente en el campo de las relaciones de Gobierno, es decir, límites impuestos por el Estado a los particulares, sino que en ocasiones nos encontramos con que las barreras son establecidas por grupos económicos influyentes que controlan de forma directa los medios de comunicación.

El control de las Corporaciones sobre el capital social de los medios de comunicación ejerce una influencia directa sobre la información divulgada a través del medio. Esta autocensura de los medios a los fines de favorecer determinadas posiciones políticas o económicas conlleva al establecimiento de límites a la actividad del periodismo de investigación y a la divulgación de una información libre y veraz por parte de los medios escritos.

Por otro lado, hay que considerar la relación compleja que existe entre la estructura de propiedad de los medios, sus dinámicas de producción de contenidos y las múltiples recepciones de las audiencias. No se puede trazar una relación simple entre quienes poseen los medios, lo que éstos publican y lo que hacen con eso los receptores. Amplios sectores perjudicados por la reciente reestructuración neoconservadora interactúan hibridando lo hegemónico y lo popular, lo local, lo nacional y trasnacional.

Según la periodista argentina Ana Fiol, quien es docente universitaria "…………. es innegable la relación entre hegemonía cultural (reproducida/fortalecida por la concentración de medios en pocas manos y estas manos además vinculadas a los grandes negocios nacionales y a la economía global, es decir, menos voces y más vinculadas al poder hegemónico) y la contracción de la esfera pública.  Eso significa menos espacios para buscar y discutir problemas comunes, supone la invisibilización, banalización u hostigamiento de grupos sociales enteros y de sus problemas (negación de derechos básicos, pobreza, marginalidad), tanto como la alienación de las clases populares de decisiones que les conciernen.  La lógica comercial excluye a quienes no pueden pagar para producir, distribuir o consumir bienes culturales.  Estas categóricas tendencias macro operan en todos lados de miles de maneras diferentes.”[12] 

 En cuanto a la situación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Centro América, observamos  a título de ejemplo ilustrativo, el informe del año 2002, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, en el cual se hace la siguiente reflexión:

“…La concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación de Honduras con cobertura nacional son Sociedades Anónimas de Capital Variable (S.A. de C.V.), dirigidas por un consejo de administración, que delega en la gerencia general esas funciones. Funcionarios del Ministerio de Gobernación y del Registro de la Propiedad no quisieron proveer las actas constitutivas de estas empresas, aludiendo que a la información solamente tienen acceso los accionistas de los medios. Sin embargo, es de sobra conocido que los medios de comunicación de mayor influencia y de más años de establecimiento en Honduras están concentrados en seis familias, algunas de ellas con acciones en más de un medio. En términos generales, se aprecian algunas expresiones monopólicas y oligopólicas en la tenencia y control sobre los medios, contra las que han tenido que luchar los propietarios de nuevos medios de comunicación, tanto de la radio, la prensa escrita como la televisión. Asimismo, cabe destacar que los propietarios de los medios masivos de comunicación que ejercen mayor influencia nacional cuentan con mucho poder económico y político. Para muchos de ellos la empresa periodística no es precisamente el negocio más rentable, pero sí el que les permite negociar cuotas de más poder, pues se convierten en verdaderos "medios" para establecer relaciones comerciales de otro tipo con el Estado y con otras empresas, basadas en la mutua conveniencia. Esta vinculación hace que en Honduras los medios, no sólo sean sistemas de producción de información para el público, sino que instrumentos de defensa, poder y pelea en manos de sus dueños para defender su propios intereses. La descentralización informativa discurre de alguna manera a través de las radios y televisoras locales, de pequeño alcance, que también hacen periodismo, y que diversifican el acceso de la información a otros oferentes y demandantes. En las ciudades intermedias, los medios locales son vistos y oídos por sus comunidades y este fenómeno abre espacios, aún no aprovechados para mejorar la calidad y el tipo de información que se está transmitiendo. Los medios de comunicación local tienen la figura de empresas individuales, sociedades de responsabilidad limitada, en tanto que otros son propiedad de iglesias, aunque no existe hasta ahora ninguna radio comunitaria, al estilo de otros países del continente donde se han convertido en medios pujantes y reconocidos por la sociedad...” .

Según este informe para algunos propietarios de medios, la empresa periodística no es precisamente el negocio más rentable, pero sí el que les permite negociar cuotas de más poder, pues se convierten en verdaderos "medios" para establecer relaciones comerciales de otro tipo con el Estado y con otras empresas, basadas en la mutua  conveniencia. Según dicho informe, esta vinculación hace que en Honduras los medios, no sólo sean sistemas de producción de información para el público, sino instrumentos de defensa, poder y pelea en manos de sus dueños para defender su propios intereses, configura un obstáculo al libre flujo de la Libertad de expresión. Así pues, en el momento en que la información que difunden los medios está supeditada a los intereses de poder de los dueños de los medios, la veracidad de la información, su autenticidad se supedita a dichos intereses en perjuicio del derecho a la información veraz del ciudadano.

También podemos referirnos a título de ejemplo ilustrativo, la visita realizada en Guatemala, durante el mes de abril del año 2001, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  a invitación del Presidente Alfonso Portillo Cabrera, donde el Relator Especial tuvo contacto con diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca. Con base en esta visita, la Relatoría pudo conocer a fondo aspectos importantes respecto al estado actual de la libertad de expresión en Guatemala. Dentro de los puntos analizados figura la situación de los medios en ese país, el cual transcribimos a continuación:

…………. Situación de los medios de comunicación…………

28. Una de las principales manifestaciones de preocupación que el Relator Especial recibió durante diversas reuniones y entrevistas, es la existencia de un monopolio de hecho sobre los canales de televisión abierta que estaría afectando seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los guatemaltecos. En este sentido, la amplia mayoría de los entrevistados durante la visita, señaló que, si bien los canales de televisión abierta están registrados a nombre de sociedades anónimas, el tenedor mayoritario de sus acciones sería el empresario Angel Remigio González.

29. De acuerdo con la información recibida, la actual estructura de propiedad de los medios de comunicación, especialmente radio y televisión, responde a un conjunto de leyes y prácticas vigentes durante las últimas dos décadas.

30. El Relator Especial recibió información sobre aspectos relacionados con radiodifusión y la preocupación que existe en relación con el marco jurídico y criterios para la concesión de frecuencias de radio. Una de las preocupaciones fundamentales es que el Gobierno siga otorgando concesiones basándose únicamente en criterios económicos que dejan sin acceso a sectores minoritarios de la sociedad guatemalteca tales como los indígenas, los jóvenes y las mujeres. En este sentido, la entrega o renovación de licencias de radiodifusión, debe estar sujeta a un procedimiento claro, justo y objetivo que tome en consideración la importancia de los medios de comunicación para que la ciudadanía participe informadamente en el proceso democrático.

31. En este contexto, el cierre del programa de televisión T-Mas de Noche,   programa con contenidos críticos al gobierno, en una posible situación de monopolio de hecho en los canales de televisión abierta, sumado a denuncias de posibles conflictos de intereses entre funcionarios del gobierno y empresarios de los medios, crea una situación que no es favorable al pleno desarrollo de la libertad de expresión.  El Presidente Alfonso Portillo Cabrera expresó su voluntad de buscar mecanismos que permitan solucionar estos problemas.  El ofrecimiento público de un espacio en un canal de televisión del Estado representa una muestra de la buena voluntad del Presidente.

32. La Relatoría desea señalar que las concesiones de canales de televisión y ondas de radiodifusión deben contemplar criterios democráticos que aseguren la representatividad de todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca. Las subastas que contemplen criterios únicamente económicos, o que otorguen las concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores, son incompatibles con la democracia participativa y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos….”[14].

En los últimos años la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido recibiendo continuas denuncias en relación con ciertas prácticas monopólicas y  oligopólicas respecto de la propiedad de los medios de comunicación social en algunos de los Estados miembros. En efecto, en su  informe anual del año 2003, la Relatoría para la Libertad de Expresión insistió que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación es una práctica que conspira contra la democracia y la pluralidad al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la sociedad.

En este sentido, se elaboró un informe dividido en dos partes. En la primera parte se realiza  la revisión y precisión de aspectos conceptuales básicos  sobre la concentración en la propiedad de los medios de comunicación social y la libertad de expresión, y en la segunda parte, se evalúa en qué medida se afecta este derecho humano por este fenómeno, haciéndose un análisis de los principales problemas que se han venido planteando en los ámbitos europeo e interamericano en relación con la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Finalmente se exponen conclusiones a manera de balance sobre los principales desafíos que plantea este fenómeno, para formular sugerencias y recomendaciones que procuren contribuir a superarlo.

En este sentido hemos extraído los comentarios del informe de la relatoría de mayor  importancia y relevancia  para el presente estudio, tomando en consideración que estos hechos que originan y causan obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión, no son exclusivos de Centro América, si no, que tienen una connotación mundial. A continuación exponemos la transcripción parcial del informe.

“ ……… PRIMERA PARTE: Cuestiones  Básicas….

1. Violaciones Directas e Indirectas a la Libertad de  Expresión….

8. Con el tiempo, sin embargo, han aparecido formas “indirectas” de coartar la libertad de expresión. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo 13.3 que,

 [n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

9. Estas medidas, a diferencia de las anteriores, no han sido diseñadas estrictamente para restringir la libertad de expresión. En efecto, éstas per se no configuran una violación de este derecho. No obstante ello, sus efectos generan un impacto adverso en la libre circulación de ideas que con frecuencia es poco investigado y, por ende, más difícil de descubrir. La concentración en la propiedad de los medios de comunicación responde a esta caracterización de formas o amenazas indirectas contra la libertad de expresión. (subrayado nuestro)……………………….” 

En esta parte del informe podemos apreciar, que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación constituye una amenaza indirecta contra la libertad de expresión. (se considera como una vía o medio indirecto de restricción al derecho de expresión).

“……………2.  La Libertad de Expresión como Fundamento para la Pluralidad en la Información  ………………………………………………

10. Desde hace algunos años se viene señalando que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información. Aunque a veces difícilmente percibida por su carácter sutil, la libertad de expresión tiene un cercano vínculo con la problemática de la concentración. Este vínculo se traduce en lo que conocemos como “pluralidad” o “diversidad” en la información.

11. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, …………………………………………………………………

17. Siguiendo esta tendencia, en los últimos años se ha venido interpretando que uno de los requisitos fundamentales de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público.  Y es por ello que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, puede afectar seriamente el requisito de la pluralidad en la información. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se limita la posibilidad de que la información que se difunda cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho de información de toda la sociedad. La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados constituye de esta forma un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, así como para la recepción de opiniones diferentes.

18. En efecto, si estos medios están controlados por un número reducido de individuos o sectores sociales, o bien por uno solo, se genera una carencia de pluralidad que impide el funcionamiento de la democracia. La democracia requiere del enfrentamiento de ideas, del debate y de la discusión. Cuando este debate es inexistente o se encuentra debilitado porque las fuentes de información son limitadas, se ataca “el pilar principal del funcionamiento democrático”. ………….. “

Como se puede apreciar, los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, pueden afectar seriamente la pluralidad de la información. Cuando la fuente de información está seriamente reducida se limita la posibilidad de que la información que se difunda, cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho de información de toda la sociedad. Esto genera una carencia de confrontación de ideas.

“………….. 3. La Concentración en la Propiedad de los Medios de Comunicación  Social…

22. Es frecuente encontrar que los diversos competidores en un mercado realicen distintas operaciones –tales como fusiones y adquisiciones- con el fin de mejorar su posición en él y alcanzar a un mayor número de consumidores de sus productos. ….. Este fenómeno puede darse de forma natural, otras veces, sin embargo, es producto de operaciones que buscan concentrar el manejo del mercado en manos de unos pocos. En el segundo caso estamos ante lo que se ha denominado “concentración”, un fenómeno que no es ajeno al mercado de los medios de comunicación social………….

24. Por otro lado, la concentración en los medios de comunicación no es un fenómeno nuevo dentro de las sociedades contemporáneas. Como ha sido señalado en un reciente estudio en el ámbito europeo, “lo nuevo es más bien ‘la incestuosa relación que se ha desarrollado entre la política y los medios de comunicación social’. Los políticos usan (y abusan) de los medios de comunicación para promocionar sus intereses políticos. Hoy, es virtualmente imposible conseguir el poder sin la ayuda de los medios de comunicación. Los propietarios de los medios de comunicación, de otro lado, utilizan su posición para promover y defender sus propios intereses políticos, tomando ventaja de los políticos de turno para hacer realidad sus propios intereses empresariales. ……………………………………

25. Dadas estas razones, la Relatoría expresa su preocupación por el peligro que representan los esquemas de concentración en la propiedad de los medios de comunicación para la formación de la opinión pública…………………………

b.         Dimensiones Económicas

26.……… La concentración encierra un fenómeno paradójico para la eficiencia de los mercados. Por un lado, ella reduce el número de participantes en los mismos, pero por otro, ella permite la existencia de unidades económicas más grandes, las cuáles en muchos casos se encuentran financiera y estructuralmente mejor equipadas para afrontar las demandas y riesgos de una economía globalizada.

27. La concentración puede darse de modo vertical. En estos casos la integración se produce a través de una empresa que controla al conjunto de entidades económicas independientes en los distintos niveles de producción de un producto. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación social, cuando una misma empresa controla las demás compañías que (1) producen (periódicos, revistas, libros, películas y estudios de producción de televisión), (2) distribuyen (redes de distribución local y empresas de cable) y (3) difunden (empresas telefónicas, sistemas de cable y satélite) la información a los consumidores.

28. La concentración también puede darse de modo horizontal, cuando se fusionan las diferentes empresas en un mismo nivel de producción. Por ejemplo, cuando una misma empresa controla todas o la mayor parte de redes de distribución de información a los consumidores en un determinado espacio, impidiendo que otros competidores desarrollen sus actividades. Aún cuando los competidores existan, estos no pueden competir con la empresa más grande, pues tarde o temprano comenzarán a tener pérdidas, precisamente por la posición dominante de la misma en el mercado.

c.         Dimensiones Políticas

29. La concentración encierra también una dimensión política. Bajo ciertas circunstancias, el dominio de una empresa en el mercado puede ser de gran interés para ciertos grupos en la sociedad. Por ejemplo, el Estado puede colocar diferentes trabas administrativas para impedir el acceso de nuevos competidores al mercado de la comunicación social …….. Estos mecanismos, comúnmente denominados como formas de “censura estructural”, representan una grave amenaza para la libertad de expresión………………………………………………………

d.         Precisiones Conceptuales………………..

33………. La concentración es concebida entonces como la negación de la pluralidad, marca distintiva de la libertad de expresión en este ámbito…………

36. En al ámbito del sistema interamericano se distinguen importantes esfuerzos en cuanto a esta perspectiva. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha manifestado que “es indispensable para el ejercicio de la libre expresión la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar …………………………………

38. De igual modo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA en el año 2000 señala al inicio de su principio 12 que: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos. ………………………………………………

La Experiencia Interamericana

a.         La Jurisprudencia en el Sistema Interamericano

85. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha podido desarrollar tangencialmente, en algunas ocasiones, este tema a través de su jurisprudencia. En efecto, algunas de sus decisiones y opiniones consultivas contienen referencias en relación con la pluralidad y la concentración en la propiedad de los medios de comunicación social.

86. En el ámbito interamericano destaca la Opinión Consultiva OC 5/85, del 13 de noviembre de 1985, sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que:

Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios,…….. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas. 

[...]

88. Cabe reiterar que parte del principio 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA señala que:

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuento conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos……………

b. La Concentración en la Propiedad de los Medios de Comunicación en   las  Américas  en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

91. El Principio 12 de la Declaración de Principios elaborada por la Relatoría en el año 2000 señala que: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deber ser exclusivas para los medios de comunicación……

93. El principio 12 fundamenta su lógica en el entendimiento que si los monopolios y oligopolios existen en los medios de comunicación social, sólo un pequeño número de individuos o sectores sociales podría ejercer control sobre las informaciones que se brindan a la sociedad. De esta forma los individuos podrían verse privados de recibir información proveniente de otras fuentes.

94.  En este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA considera que esta provisión no limita en manera alguna la obligación del Estado de garantizar a través de la legislación la pluralidad en la propiedad de los medios, por cuanto los monopolios y oligopolios “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos……………………………………………

D.        Conclusiones

1. La Relatoría reitera que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática.

2. Las continuas denuncias recibidas por la Relatoría en relación con prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social de la región indican que existe una grave preocupación en distintos sectores de la sociedad civil en relación con el impacto que el fenómeno de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación puede representar para garantizar el pluralismo como uno de los elementos esenciales de la libertad de expresión.

3. La Relatoría para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados miembros de la OEA que desarrollen medidas que impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, así como mecanismos efectivos para ponerlas en efecto. Dichas medidas y mecanismos deberán ser compatibles con el marco previsto por el artículo 13 de la Convención y el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

4. La Relatoría para la Libertad de Expresión considera que es importante desarrollar un marco jurídico que establezca claras directrices que planteen criterios de balance entre la eficiencia de los mercados de radiodifusión y la pluralidad de la información. El establecimiento de mecanismos de supervisión de estas directrices será fundamental para garantizar la pluralidad de la información que se brinda a la sociedad.

5. La Relatoría para la Libertad de Expresión seguirá revisando la evolución de estas prácticas….”[15] 

Observamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es clara y enfática al afirmar que la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, por ser contraria al pluralismo informativo, por tender a establecer una fuente informativa reducida a un pequeño grupo, exenta de confrontación con una pluralidad de medios, se configura como una vía o medio indirecto restrictivo a la libertad de expresión. Estamos pues, en presencia de uno de los orígenes y causas de índole económica que obstaculizan el libre ejercicio de la Libertad de Expresión.

Es bueno tener presente que las consideraciones elementales de esta Relatoría constituyen parte de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

También podemos referirnos a la Declaración de Santiago (1994), contenida en la Resolución del Seminario sobre el desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe, ONU-UNESCO-PNUD, (Santiago de Chile, 2-6 de mayo de 1994. Declaraciones sobre el Fomento de unos Medios de Comunicación Independientes y Pluralistas, del 6 de mayo de 1994, adoptada por la Conferencia General en su 28 reunión - 1995). En esta  Declaración se expresa que el respeto por el pluralismo, la diversidad cultural, de idiomas y de género, deberían ser un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas y deberían reflejarse a través de todos los medios de comunicación. Así mismos, se debe promover el mayor número de periódicos, revistas, videos, radios y canales de televisión que reflejen la gama más amplia posible de opiniones de la sociedad.

Sobre este punto nos permitimos hacer las siguientes reflexiones: primero: Se debe tener claro que la solución al problema de los oligopolios y monopolio de los medios, no puede ser bajo ningún concepto la estatización o control de dichos medios por parte del Estado; ya que, ello atenta de manera aun mas grave contra el pluralismo informativo que debe existir en los medios;  la estatización de los medios también es contrario al pluralismo informativo y la diversidad de fuentes que debe privar en la libre circulación de la información y de las opiniones; segundo: no podemos perder de vista que hay ciertos medios que por su estructura y naturaleza, requieren de grandes inversiones que solo pueden ser satisfechas por grupos económicos sólidos (ejemplo la televisión abierta de gran cobertura, la televisión por cable internacional, los servicios satelitales de comunicación), casos en los cuales estamos en presencia de oligopolios producto de su estructura y propia naturaleza tecnológica (ejemplo CNN). Sobre este punto nos permitimos citar opinión del Sr. Andreu Casero, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Jaume I de Castellón (España), quien sostiene, con relación a Europa, que “…desde sus inicios en 1993, Euronews se concibe como un instrumento europeo para frenar la hegemonía televisiva de la CNN, que ya comenzaba a extenderse por Europa. Es una tesis de origen francés la que reclama una función defensiva para Euronews con el fin de evitar que la americanización cultural impulsada por Norteamérica, uno de cuyos principales baluartes es precisamente la acción de la CNN, conquiste el espacio cultural europeo. Esta es una de las premisas filosóficas fundamentales que se gestan en el nacimiento de Euronews; una proposición que deriva claramente de las palabras del primer presidente de la cadena, el italiano Massimo Ficera, en una entrevista  efectuada por Daniel Capella y publicada por la revista Capçalera (1993). En estas declaraciones Ficera afirma: “Queremos hacer una televisión para los europeos, igual que la CNN hace una televisión con el punto de vista de los norteamericanos”. Y no oculta su intención de hacer la “competencia” a la cadena americana.  Así, Euronews se conforma tomando como antagonista a la CNN. Pero su antagonismo no se configura en el sentido de renovar el formato de la cadena americana o de crear otro alternativo, sino en el sentido de adaptar el formato de la CNN al gusto cultural europeo. Por lo tanto, Euronews nace como una copia europea de la CNN, para contrarrestar la influencia norteamericana, cada vez más importante, en el viejo continente. Como principal consecuencia de esta concepción del núcleo filosófico de Euronews se deriva un problema de vital importancia: la consecución de una identidad europea a través de la televisión. Uno de los principales objetivos teóricos de Euronews fue, desde su creación, la misión de construir una identidad europea común. Su objetivo era complementar los servicios de noticias de las emisoras nacionales proporcionando a la audiencia una visión europea de los acontecimientos informativos sucedidos en todo el mundo.  Con ello, se pretendía forjar una identidad europea que identificara bajo su manto a los ciudadanos de los diferentes países que integran la Unión Europea (UE). Este objetivo se considera, por parte de diversos analistas, clave para lograr la integración europea, ya que son dos los problemas que afectan a este proceso tan delicado: por una parte, un déficit democrático relativo a las dificultades que se encuentran para lograr la unión política de los estados miembros de la UE; y, por otra, un déficit de información o interrelación entre los diferentes países miembros. En lo que se refiere a este segundo obstáculo, no se ha encontrado aún ninguna fórmula que posibilitara un mayor acercamiento entre los europeos de nacionalidades distintas, un proceso que debería desembocar en la creación de una identidad europea común que superara en cuanto a fuerza a las identidades nacionales respectivas. Así, la consecución de una identidad europea es clave para que el proceso de integración europea llegue a buen puerto………..[16]tercero:  la solución al problema de los oligopolios, mas que monopolio; está en nuestra opinión en la instauración de políticas públicas que faciliten el financiamiento a periodistas, comunicadores y ciudadanos de menores recursos, que basados en proyectos económicos y técnicos viables, puedan participar como medios alternativos de radio y televisión, respetando como requisito fundamental la  autonomía e independencia ante los gobiernos, para evitar la creación de medios  oficialistas complacientes del gobierno, que constituyen mas que un peligro inminente para la libertad de expresión; cuarto: los gobiernos deben promover la creación de servicios de radio y de televisión públicos, independientes de las coyunturas políticas del Estado. Para garantizar su autonomía, los directivos de estos medios pueden ser designados por ternas  propuestas por los Poderes públicos y por los organismos representativos de las organizaciones ciudadanas, garantizando su estabilidad, y donde el Poder Legislativo apruebe tales designaciones, en base a dichas ternas.

Como caso emblemático de iniciativas ciudadanas y de periodistas, sin injerencia del Estado, nos parece importante citar el caso del Diario la Prensa de Panamá, que es un diario moderno y de propiedad colectiva, el cual  es  un experimento ejemplo en el continente. “Luego de 13 años de oscuridad sin un medio escrito de información y opinión independiente, nace La Prensa en un ambiente hostil como un esfuerzo titánico de los ciudadanos panameños de convicción democrática. Hoy, La Prensa cuenta con más de mil 200 accionistas, ninguno de los cuales es propietario de más de la mitad del 1% de las acciones. Todos sus empleados son también accionistas. Por la formación de su capital atomizado y la cuidadosa formación de sus cuerpos directivos, ningún sector político partidista tiene peso exagerado. La Prensa, desde su nacimiento, mantiene una línea legítimamente independiente, muchas veces incomprendida por propios y extraños, que ha comprobado ser la más efectiva en el cumplimiento de sus fundamentales principios democratizadores. Ningún miembro de la Junta puede desempeñar cargos públicos, salvo los docentes. Debido también a su capital atomizado, las únicas fuentes se ingresos de La Prensa es su publicidad, circulación y división comercial de impresión. Este hecho forzó desde su inicio una organización profesional del más alto nivel, que ha hecho uso de los más destacados talentos del continente en diseño, diagramación, diseño de planta, métodos modernos de administración, publicidad, circulación y la compra del equipo electrónico más moderno de la industria…”[17]. En los actuales momentos no reciben pautas publicitarias del Gobierno, todas provienen del sector privado.

c)  Los Orígenes y las  causas de índole educativa y cultural.

La libertad de expresión es un derecho fundamental del hombre, y el mismo se funda en la libre circulación de las informaciones y de las ideas. Ahora bien, sendo un derecho reconocido internacionalmente, es necesario  que el mismo sea conocido y asimilado como tal por todos los habitantes del planeta. Sin embargo, la libre circulación de la información y de las ideas puede verse entorpecida por barreras en el idioma, así como también por la intolerancia étnica, la exclusión cultural,  el analfabetismo, incluyendo el analfabetismo funcional, que son barreras que impiden un libre flujo de las ideas y de las informaciones en forma democrática y participativa por parte de todos los pueblos sin distinción de clases, etnia, cultura o ideología. Un pueblo hambriento y sin salud, poco le importa si el sistema político en el que vive es democrático o autoritario. Su necesidad vital es poder alimentarse; esto es un permanente detonante que se convierte en obstáculo al libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información del ciudadano, todo lo cual debilita el sistema democrático latinoamericano. 

En este sentido, observamos países como Guatemala, donde la mayoría de la población es indígena; existen 24 idiomas reconocidos por el Estado, con 36 años de conflictos bélicos internos y apenas 10 años de paz.  Evidentemente, estamos en presencia un problema socio-cultural, difícil de resolver, donde 24 idiomas distintos y con culturas distintas, encuentran una barrera ancestral, que dificulta que entre estas diversas culturas e idiomas pueda fluir la libre circulación de las ideas y de la información. Existe pues, una barrera étnica y cultural, que obstaculiza el ejercicio de la Libertad de Expresión. En este sentido, el Sr. Fernando Peña, director de Programa Descentralización Fomento Municipal, en el seminario sobre el libre acceso a la información pública: una coordinación para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas, celebrado en la ciudad de Santo Domingo los días 16 y 17 de octubre de 2006, (organizado por UNESCO, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo de la República Dominicana; el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones; y el semanario CLAVE) expuso las siguientes consideraciones: Al definir a Guatemala como un país multiétnico y pluricultural, sostuvo que el analfabetismo es unos de los principales problemas por los cuales atraviesa ese país. Desde el año 1985 se ratificó la autonomía municipal, y en base a estas premisas se está llevando a cabo desde las iniciativas municipales y locales,  un sistema integral de información al ciudadano, que permita ir desarrollando programas de alfabetización, tratando de respetar las etnias culturales, entre otros, y programas de enseñanza al ciudadano de sus derechos, utilizando para ello no solo el idioma castellano, sino además cuatro de los idiomas indígenas mas importantes del país. La señora Anabella Giracca, Directora de la Cátedra UNESCO, con sede en la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, quien también participó en este seminario, opina que: la extrema pobreza del país, el analfabetismo, la deserción escolar donde mas de la mitad de la población que es indígena le esta vedada su libertad de expresión, aunado a ello los problemas de desnutrición, constituyen serias barreras que son una de las causas y el orígenes de los obstáculos al libre ejercicio de la libertad de expresión. El abogado Guido Rodríguez, Director del Diario El Panamá América, también  participante de este seminario, opina, con relación a su país, que la falta de instrucción educativa en el ciudadano se convierte en un desconocimiento de sus legítimos derechos al ejercicio de la Libertad de Expresión, y  es una de las causas que obstaculizan el libre flujo de la libertad de expresión.

Esta es una barrera a la libertad de expresión que es aplicable a la mayoría de los países latinoamericanos. La extrema pobreza se traduce en desnutrición y deserción escolar,  los cual se configura en una de las causas y orígenes de los obstáculos al libre ejercicio de la libertad de expresión, aunado a ello la diversidad cultural de países como Guatemala, en los que la no aceptación a la diversidad cultural se convierte también en causa u origen de los obstáculos para la libertad de expresión.

d)  Los Orígenes y las causas de índole legal.

La Libertad de expresión es  un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas humanas, reconocida y protegida por todas las Constituciones de Centro América y de América en general; así como también, por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Sin embargo, del análisis de estos marcos legales se puede apreciar que es una libertad pública limitada, por  los abusos a la misma; razón por la cual, dicha libertad se debe ejercer con sentido de responsabilidad social y ciudadana, en resguardo de otros derechos constitucionales como son el derecho a la honra, a la reputación, a la vida privada, y a la protección de los niños y adolescentes en procesos de formación psicológica y social.

Desde un punto de vista jurídico el derecho a la libertad de expresión  admite  limitaciones o restricciones de orden legal. En este sentido, el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:

"El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".

De lo dispuesto en el artículo, podemos apreciar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, el cual priva sobre los demás derechos subjetivos. Por el contrario, podemos observar que existe una limitación de carácter legal a la libertad de expresión fundada en la obligación que tienen los órganos y entes de justicia del Estado de proteger y garantizar la tutela efectiva de otros derechos jurídico tales como, el derecho a la personalidad, el honor y el buen nombre, así como el derecho a la vida privada e intimidad de las personas; la decencia pública y el pudor de los individuos que conforman el conglomerado social; así como,  la integridad del Estado y sus instituciones.

Al mismo tiempo, surge el concepto de la “responsabilidad ulterior”, como instrumento de protección de la libertad de expresión, conforme a la cual los periodistas pueden expresar libremente sus ideas, pensamientos y denuncias, pero a su vez, existe la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación por las expresiones y comentarios que puedan afectar derechos y  bienes jurídicos protegidos. Así la Convención reconoce, que la libertad de expresión admite ciertas restricciones propias de su ejercicio, que serán legítimas en la medida en que se enmarquen dentro de los requerimientos del artículo 13.2, literales a) y b), ya comentados en este estudio. En este sentido, los medios de comunicación, los periodistas y los ciudadanos en general, deben estar claros en que el abuso del derecho a la libertad de expresión, tiene como consecuencia jurídica inmediata responsabilidades civiles, penales o administrativas ulteriores por la trasgresión de los derechos o reputación de los demás, así como la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicas.

La responsabilidad de los comunicadores sociales, es trascendental ya que a través de su ejercicio profesional se puede llegar a destruir reputaciones con acusaciones, insinuaciones o calumnias, infundadas que no presentan el menor indicio de prueba de lo imputado a sus víctimas. Al mismo tiempo, los Colegios Profesionales juegan un rol fundamental en la orientación de la actividad de los medios al establecer responsabilidad por los comentarios infundados emitidos e imponer las sanciones y medidas disciplinarias pertinentes a los profesionales que actúen fuera del marco lega y de los principios éticos del periodista.

De esta manera podemos apreciar, que uno de los orígenes y causas que limitan la Libertad de Expresión, se encuentran justamente, en aquellas disposiciones legales, que para proteger otros derechos constitucionales, como son el derecho a la honra, el derecho de los niños, el derecho a la reputación, así como también, el orden público o la salud, y la moral pública, originan límites a esta libertad, que en su fundamento epistemológico están legitimados, pero que en la práctica, constituyen, uno de los temas mas debatidos en materia de libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos. En efecto, uno de los asuntos mas difíciles de dilucidar en beneficio de la verdad de los hechos, es como lograr una justa decisión ante los choques o colisiones que pueden existir entre la Libertad de Expresión y los otros derechos ciudadanos constitucionales; así como también, con el orden pública y la seguridad nacional de los países. A veces, en nombre de la seguridad de la nación, que es un término excesivamente subjetivo y abstracto se pueden cometer las peores atrocidades contra el  ejercicio de la Libertad de Expresión y el derecho a la información del ciudadano

 Según la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

Así mismos, según esta Declaración de Principios, la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

En este sentido, podemos afirmar, que si bien existen limitaciones a la Libertad de Expresión que tienen su origen en leyes aprobadas por los Poderes Legislativos en protección de otros principios constitucionales como son, el derecho a la honra y a la reputación, no es menos cierto, que tal como lo advierte la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana, cuando en estos casos, no se prueba que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas, estamos en presencia de un abuso de control sobre la Libertad de Expresión. Así pues, cuando estas disposiciones legales se elaboran de tal manera que permiten, desarrollar  conductas excesivamente discrecionales por parte de la autoridad pública encargada de conocer los conflictos entre la libertad de expresión y los otros derechos constitucionales como son, el derecho a la honra y a la reputación, estamos en presencia de actos que obstaculizan el libre ejercicio de la libertad de expresión. En estos casos la limitación se transforma en ilegítima y se configura como una causa que obstaculiza a la  libertad de expresión.

En otras palabras, cuando en la elaboración y redacción de estas delicadas  leyes, impera en el legislador la mentalidad de amordazar a los medios de comunicación social, a los periodistas y a los ciudadanos en general, se origina o causa un hecho que se convierte en un obstáculo al libre ejercicio de la Libertad de Expresión.

Un caso emblemático de estas leyes mordazas que afortunadamente ya han sido derogadas, lo hemos visto recientemente en Panamá.  Así pues, el 29 de junio de 2005, se sancionó la Ley 22 que derogó todas las leyes "mordazas" promulgadas durante el pasado régimen militar (1968-89) y que afectaban la libertad de prensa. La ley fue aprobada por unanimidad. La iniciativa derogó las leyes 11 y 67 de 1978, referente a los medios y a la publicación de material impreso, así como a la reglamentación de la profesión de periodista. También dejó sin efecto un decreto del año 1969 que creó una junta de censura. Además, la imposición de sanciones por desacato, que estaba contenida en esas leyes. Durante el período militar se castigaba a los periodistas hasta con la cárcel, si una autoridad consideraba que le faltaba el respeto. Las leyes fueron impulsadas durante el régimen militar que arrancó con el padre del actual mandatario, el general Omar Torrijos, quien murió en un accidente aéreo en 1981.  El ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, dijo que con la derogación "la libertad de expresión en Panamá recibe un importante empuje y fortalecimiento en un país que madura en su democracia". En tanto, el presidente del Colegio de Periodistas de Panamá, Luis Polo Roa, expresó que si bien consideró "saludable" la derogación de las leyes "mordazas", subrayó que Panamá debe "modernizar las legislaciones del periodismo.  Polo Roa explicó que con la derogación, el ejercicio del periodismo se encuentra prácticamente "sin regulación"[18]. Por su parte el presidente de la República, Martín Torrijos, afirmó, con relación a esta derogatoria, durante el acto de celebración del vigésimo quinto aniversario de fundación del diario La Prensa de Panamá, que su gobierno cree en la libertad de información, en el absoluto y total respeto a la opinión ajena, en el derecho a discernir, en la critica opositora y en la responsabilidad en el ejercicio de esas libertades y derechos.

V.  LOS OBSTÁCULOS Y LAS LIMITACIONES  A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. [subir]

Analizadas las principales causas y orígenes de los obstáculos y limitaciones que se configuran en el libre ejercicio de la Libertad de Expresión y del derecho a la información del ciudadano, con especial referencia a los países de Centro América, exponemos a continuación las consideraciones referentes a  la forma y los mecanismos como estos impedimentos y obstáculos se suscitan y presentan  en el ejercicio de esta libertad.

Hemos podido apreciar que existen obstáculos  provenientes tanto del Estado como del sector privado. En cuanto a los obstáculos provenientes del Estado, estos provienen indistintamente de los tres Poderes Públicos a saber: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La forma como se presentan estos obstáculos, los mismos pueden configurarse a través de las conocidas leyes mordaza, o a través sentencias judiciales represivas a la libertad de expresión; así mismo, se pueden presentar a través de represiones físicas por parte de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado.  Con relación a los obstáculos provenientes del sector privado, observamos que uno de los más complicados y difíciles de resolver, sin afectar la libertad de expresión, es la concentración de la propiedad de los medios en grupos reducidos, que no reflejan necesariamente el interés público de las mayorías.

a) Los Obstáculos Gubernamentales (El Poder Ejecutivo)

Dentro de estos obstáculos podemos apreciar dos categorías que son: los obstáculos que se configuran mediante mecanismo directos ejecutados por el Poder Ejecutivo, y los obstáculos que se configuran a través de mecanismos indirectos.

1) Los Mecanismos Directos de restricción a la Libertad de Expresión. 

 Dentro de los obstáculos o mecanismo directos, uno de los más graves y que son repudiados por toda la humanidad es la represión física y amenazas a los periodistas. Según la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Es bueno precisar, que los gobiernos, a veces utilizan a ciudadanos o particulares afectos al oficialismo, para realizar este tipo de agresiones a la libertad de expresión.

1’)  La represión física y amenazas contra periodistas

La represión física contra la prensa, la entendemos como la comisión de delitos contra la vida, la salud o en general contra la integridad física de cualquier sujeto que ejerza la profesión del periodismo. El sujeto pasivo de este tipo de delito no solo abarca las agresiones físicas en contra del reportero o periodista específicamente, sino también sobre los fotógrafos, camarógrafos, editores, e incluso sobre los jefes o directivos de medios de comunicación social, con la finalidad de impedir la libertad de prensa y la libre circulación de las ideas.

En este caso, nos referimos a aquellos casos en que es el propio Estado quien a través de la fuerza pública, o de grupos afectos al gobierno, reprime el libre ejercicio de la profesión del periodista. Es decir, se trata de casos en que el sujeto activo del delito es el propio Estado o Poder Ejecutivo quien haciéndose valer  de los organismos policiales, o de ciudadanos afectos al mismo,  se excede en el ejercicio de sus funciones al punto de afectar el bien jurídico de la salud de las personas que se desempeñan en los medios de comunicación a fin de impedir o limitar la divulgación de un determinado hecho noticioso.

Existen innumerables ejemplos en Centroamérica sobre este tipo de conductas, al igual que en otros países latinoamericanos, lo cual ha llevado a las organizaciones internacionales a levantar alertas sobre la peligrosidad de este tipo de actuaciones como agentes que limitan directamente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. En este sentido, sería recomendable evaluar la posibilidad de implementar reformas legislativas tendientes a incorporar en las legislaciones penales un tipo delictivo de “lesiones agravadas” o “calificadas”, cuando la violencia física o  lesión sea cometida sobre profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones, ya que el delincuente no solo busca afectar el bien jurídico de la salud de la persona sino limitar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, lo que amerita un incremento en las penas para el sujeto activo del delito. Las amenazas y violaciones a la salud e integridad de los periodistas no solo tienen un efecto dañoso directo sobre el afectado, sino que influyen indirectamente sobre la masa de profesiones de los medios creando un sentimiento de amenaza o temor constante que obstaculiza el desarrollo de la libertad de expresión.

A continuación exponemos algunos casos referentes a los países de Centro América.

Honduras: En lo que va del año 2006, el Comité por la libre Expresión en Honduras registró 26 alertas generadas por el tema de barreras u obstáculos a la libertad de expresión que van desde amenazas, agresiones físicas y verbales a periodistas, intimidaciones y querellas siendo estas últimas las que han tenido un alto repunte en los últimos meses.[19] La relatoría de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos sobre la situación en la región, correspondiente a los meses de  abril y junio de 2006, haconsiderado  preocupante que el periodista Jesús Octavio Carvajal se haya visto obligado a salir temporalmente del país por las amenazas y agresiones recibidas. La relatoría ha reiterado así mismo, que el requisito de colegiación obligatoria es incompatible con el derecho a la libertad de expresión.

El Salvador: En el mes de julio de 2006, por lo menos 14 reporteros y fotógrafos fueron atacados y hostigados durante tres días de violentas protestas callejeras en San Salvador, producto de una manifestación de cientos de estudiantes reunidos en la Universidad de El Salvador quienes protestaban en contra del aumento en las tarifas de la electricidad y el transporte público. Estos hechos ponen de manifiesto la preocupante hostilidad entre la población hacia los medios de comunicación. Debemos comprender que la violencia física en contra de los periodistas incide directamente en el ejercicio de la libertad de prensa. La legitimidad de una causa no autoriza a quienes la defienden a estigmatizar o etiquetar a los medios de comunicación, como seguidores de una u otra corriente política, lo que debe privar en todo caso es la tolerancia y el respeto del trabajo de los periodistas. En este sentido, el Estado debe garantizar a las personas que ejercen la profesión del periodismo mayores niveles de seguridad, protección y garantías a su integridad física y, en el caso de registrase un ataque, debe investigar y procesar de forma expedita toda denuncia de agresión física contra los medios a fin de garantizar una plena libertad de prensa.

Guatemala: En Guatemala también se han registrado actos intimidatorios con agresiones físicas en contra de periodistas. El caso más reciente fue el ocurrido en Septiembre del presente año, cuando se registró un ataque en contra del periodista David Leiva, operador del radioperiódico "Sucesos", que se transmite en la emisora Stereo100 de la ciudad de Quetzaltenango, a quien iban a asesinar a puñaladas frente a la sede de la radiodifusora el 25 de septiembre de 2006. Este tipo de hechos crea en la conciencia del colectivo de periodistas un perjuicio de difícil reparación, ya que instaura un sentimiento de temor interno a verse afectado en su integridad física como consecuencia de la divulgación de determinada noticia, logrando una autocensura por la amenaza inminente de agresión contra el medio de comunicación. La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en la región, correspondiente a los meses de  abril y junio de 2006, ha denunciado otras agresiones a periodistas y trabajadores de la comunicación social. Así pues, el 24 de mayo de 2006, el periodista Alberto Cardona fue agredido por agentes de seguridad privada de la empresa Seguridad Integral durante un concierto musical; el 12 de junio de 2006 Cesar Augusto Mejía Rivera, utilero del canal de televisión Guatelvisión, sufrió un intento de asesinato por parte de desconocidos cuando se dirigía a prestar apoyo en una cobertura noticiosa.

Nicaragua: Recientemente en Nicaragua, se ha registrado un hostigamiento en contra del diario La Prensa y sus periodistas, por la divulgación de información sobre presuntos hechos de corrupción e irregularidades en la gestión municipal de la ciudad de Granada. El jueves 23 de febrero unas 250 personas, simpatizantes de Alvaro Chamorro Mora, alcalde, se trasladaron a Managua, a unos 45 kilómetros, donde durante una hora bloquearon el portón de las instalaciones de La Prensa, exigiendo una reunión con los directivos del diario a los fines de que este medio cesara de publicar este tipo de información.  Estos hechos sumados a los antecedentes registrados en el año 2004 en donde fueron asesinados los periodistas nicaragüenses Carlos Guadamuz y María José Bravo, esta última corresponsal del mencionado medio “La Prensa de Nicaragua” generan una gran preocupación por el mantenimiento efectivo de la libertad de prensa en este país.

Costa Rica: En una encuesta efectuada en el año 2002, arrojó como resultado impactante que de 81 periodistas entrevistados el cincuenta y seis por ciento (56%) de ellos afirmó que habían sido intimidados por funcionarios públicos que se sentían ofendidos por sus reportajes. Del total siete (7) periodistas entrevistados habían recibido amenazas contra su integridad física; y el treinta y siete por ciento (37%) indicó que habían sido amenazados con demandas por calumnia, injuria y difamación, delitos que en Costa Rica son castigados con elevadas multas o penas de cárcel. Uno de los casos más polémicos en la historia de la libertad de prensa en la República de Costa Rica se trata de la muerte del periodista colombiano Parmenio Medina, el mismo día en que recibiría un premio en defensa de la libertad de expresión el 7 de julio de 2001.  Tres de los cuatro sicarios que ejecutaron el delito ya fueron capturados, pero aun se mantiene en silencio a los autores intelectuales del hecho. Sumado a este lamentable hecho, un grupo de colegas periodistas compañeros de Parmenio Medina declararon que habían rehusado a investigar el asesinato por su propia cuenta porque, conforme al severo Código Penal vigente en Costa Rica, temen que publicar los resultados de sus investigaciones pueda provocar acusaciones de difamación por parte de funcionarios públicos.

2’) La Censura previa.

La censura es una forma de control, que suele aplicar el Poder Ejecutivo (censura gubernamental) que se materializa en la facultad de aprobar o prohibir anticipadamente determinado material antes de publicarlo. Es considerado como un obstáculo al libre ejercicio de la Libertadde Expresión. Como lo hemos descrito en el marco de las disposiciones constitucionales de los países de Centro América, estas prohíben la censura previa por considerarla una restricción ilegítima a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos. Toda censura previa que se ejerza sobre los medios de comunicación, los periodistas y ciudadanos en general, configura una presunción de inconstitucionalidad, por ser contraria  al libre ejercicio de la expresión del pensamiento, las ideas, la información  y  la opinión.

Según la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

También podemos referirnos a la Declaración de Principios de Chapultepec del año 1994[20], según la cual, la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

El derecho de prensa radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de divulgar o publicar sus ideas por la prensa sin el previo control de la autoridad, pero no de la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos o causar daños por su propio dolo o culpa ya sea por imprudencia, negligencia o simple impericia. Ni los tratados internacionales ni las Constituciones internas aseguran la impunidad de la prensa, una vez efectuada la publicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces, a fin de establecer las responsabilidades ulteriores por el contenido divulgado públicamente.

Como vemos, la prohibición a la censura previa, tiene como contrapartida el deber de los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos en general, de responder por los daños y perjuicios causados a terceros por la divulgación de la información infundada, imprecisa o inexacta, en cuyo caso dichos actos culpables o abusivos cometidos en el ejercicio del derecho de informar, quedan comprendidos dentro de las legislaciones como supuestos de responsabilidad civil, penal o administrativa, en el entendido que en el caso del propietario o editor del periódico que da a conocer falsas imputaciones no puede quedar exento, al igual que los periodistas y cualquier ciudadano de la responsabilidad jurídica emergente de tales actos.

Con respecto al “Pacto de San José de Costa Rica”, observamos que el Artículo 13 de la Convención prohíbe la censura previa, salvo con el exclusivo objeto de regular el acceso a espectáculos públicos “para la protección moral de niños y adolescentes"[21]. En casos contenciosos, tanto la Comisión como la Corte han interpretado esta disposición en sentido estricto.[22]

La Comisión trató por primera vez la cuestión de la censura previa en un caso suscitado en Grenada[23], donde el Estado confiscó en el aeropuerto de ese país cuatro cajas de libros provenientes de los Estados Unidos que portaban los peticionarios. La Comisióndeclaró que la confiscación y prohibición de los libros constituía una imposición de censura previa por parte del Estado y añadió que el Estado no había presentado ninguna argumentación  que justificara ese acto, por lo cual había violado el Artículo 13. En su opinión, la Comisión resaltó el doble carácter del Artículo 13, considerando que la acción denunciada inhibía el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de los peticionarios, así como de otras personas que nunca tendrían acceso a la información e ideas consignadas en los libros.

En el año1996, la Comisión amplió su jurisprudencia respecto a la censura previa con motivo del caso de Francisco Martorell, en Chile[24]. Un tribunal había impartido una orden prohibiendo la publicación de un libro la noche anterior a la fecha de su salida a la venta. El libro relataba las circunstancias que habían llevado a que un ex embajador de la Argentinaen Chile abandonara este país.  Francisco Martorell, autor del libro, apeló la decisión ante la Suprema Corte, quien rechazó la apelación y prohibió la circulación del libro. Asimismo, se presentaron cargos contra el autor por difamación y calumnias. Con el agotamiento de los recursos internos, Francisco Martorell, junto con las Organizaciones no gubernamentales, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch /Americas, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana, alegando que Chile había violado el art. 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que había sido ratificada por ese país el 21 de Agosto de 1990.

La Comisión consideró que se había violado el Artículo 13, porque la orden contra el libro constituía censura previa y observó lo siguiente: La prohibición de la censura previa, con la excepción consignada en el párrafo 4 del Artículo 13, es absoluta y exclusiva de la Convención Americana, por cuanto ni la Convención Europea ni la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones similares. El hecho de que no se estipulen otras excepciones a esta disposición, indica la importancia que los autores de la Convención asignaron a la necesidad de expresar y recibir cualquier clase de información, pensamientos, opiniones e ideas.

La Comisiónreconoció la observación del Estado  de que el Artículo 11 de la Convencióngarantiza el derecho al honor y a la dignidad, pero rechazó el argumento de que la protección de ese derecho justifique la censura previa.  La Comisióndeclaró que “los órganos del Estado no pueden interpretar las disposiciones del Artículo 11 en una manera que viole el Artículo 13, el cual prohíbe la censura previa”.  Agregó  que “cualquier conflicto potencial que pudiera plantearse en torno a la aplicación de los artículos 11 y 13 de la Convención puede resolverse recurriendo al texto del propio Artículo 13.”

En estos términos, la censura previa esta prohibida, independientemente si está establecida por autoridades judiciales o ejecutivas. La característica distintiva de la censura previa no está determinada por la rama del poder estatal que restringe la libertad de expresión.

El nudo central de la censura consiste en la limitación del ejercicio futuro de la libertad de expresión, habiendo entendido la Corte Interamericana de un modo amplio e incondicional que cualquier medida preventiva , constituye censura previa, y por ende una restricción a dicha libertad por parte del Estado, a través de cualquiera de sus órganos.

Lo fundamental es el tiempo en el que se aplicó la censura, como determinante para distinguir entre violaciones concretas de posibilidades abstractas de daño y no el carácter preciso (ejecutivo, legislativo o judicial) del agente del Estado responsable del mandato de censura.

El caso de La última tentación de Cristo[25], suscitado por la prohibición de que esa película se exhibiera en Chile, brindó a la Corte Interamericanala oportunidad de tratar a fondo el alcance de la prohibición de la censura previa.  La Corte señaló que el Artículo 13 no permite la censura previa, salvo cuando se trate de espectáculos públicos y exclusivamente “para la protección moral de niños y adolescentes". Así pues, el artículo 13.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. En el presente caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó que en Chile existe un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y que el Consejo de Calificación Cinematográfica prohibió en principio la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” y luego, al recalificarla, permitió su exhibición para mayores de 18 años. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión de dejar sin efecto lo resuelto por el Consejo de Calificación Cinematográfica en noviembre de 1996 debido a un recurso de protección interpuesto por los señores Sergio García Valdés, Vicente Torres Irarrázabal, Francisco Javier Donoso Barriga, Matías Pérez Cruz, Jorge Reyes Zapata, Cristian Heerwagen Guzmán y Joel González Castillo, “por y en nombre de Jesucristo, de la Iglesia Católica, y por sí mismos”; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que la prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” constituyó, una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención[26].

Recientemente, en el mes  septiembre de 2006 se registró en Guatemala el establecimiento de ciertas restricciones al derecho a la información y las garantías constitucionales a la libertad de expresión y de prensa en la región occidental de San Marcos, en donde fuerzas combinadas de seguridad llevan a cabo un amplio operativo antinarcóticos, por el cual se declaró en la zona un estado de prevención que restringe todas las garantías individuales. El artículo 35 de la Constitución de Guatemala establece que "es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna". Este tipo de Decretos de suspensión de las garantías constitucionales, afecta la libertad de prensa y contraviene el artículo constitucional que garantiza este derecho, por lo que es necesario que los Estados controlen el ejercicio de esta potestad condicionándolos a la menor afectación de los ciudadanos para que se garantice a los medios de las comunidades afectadas el libre ejercicio periodístico[27].

3’) La restricción al derecho a la protección de la fuente de información del periodista y de los comunicadores sociales.

Otro de los obstáculos que impiden el libre ejercicio a la libertad de expresión es la imposición gubernamental y también judicial, de exigir a los periodistas la revelación de la fuente de información. Según la declaración de principios de la Comisión Interamericana de derechos humanos, todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. El derecho a la protección de la fuente de información de los profesionales del periodismo es un elemento esencial del derecho a la libertad de prensa. La libertad de prensa puede verse afectada por la imposición de amenazas no solo contra los periodistas sino contra las personas que informan de los hechos, es decir, las fuentes directas de la información.  Por ello, es indispensable consagrar en las legislaciones el derecho de mantener en secreto la fuente de información, ya que de lo contrario la misma puede ser objeto de sanciones o amenazas limitando de forma directa la libertad de prensa.

Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a  entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.  Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional.  Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse.  Asimismo, el secreto profesional consiste en “guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que puedan derivar después de haber revelado una información. Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes. Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público[28].

Haciendo un análisis de este principio en Centro América observamos por ejemplo que en El Salvador,  el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes fue objeto de un análisis legal profundo por parte del Congreso, a los fines de incorporar en una futura reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal para proteger a los periodistas de tener que revelar sus fuentes en un tribunal. Los tribunales del Salvador han citado a periodistas para que revelen sus fuentes y rindan testimonio, aunque ninguno de ellos fue testigo ocular de los crímenes o delitos, coaccionándolos a divulgar cual fue la fuente de donde se obtuvo la información publicada[29]. Esta iniciativa del Congreso del Salvador nos parece una excelente recomendación al resto de los países de Centroamérica. En Panamá, en el mes de  noviembre de 2005 se registró el presunto despido injustificado de dos periodistas, Rafael AntonioRuiz y César Iván Castillo, del diario "El Siglo", motivado por presiones políticas, después de publicar un artículo, en el que implicaba a un agente de la guardia presidencial en un caso de corrupción y narcotráfico. Se ha denunciado  que la decisión ha sido motivada por presiones políticas y por conveniencias económicas. El periodista fue conminado a revelar sus fuentes por el empresario Abdul Waked, uno de los principales accionistas de este medio impreso; al negarse el periodista fue despedido ese mismo día, igual que su colega Castillo. Estos hechos ponen de manifiesto las presiones que recibe la prensa y que incrementan la autocensura, y no contribuyen a garantizar la independencia de la prensa. Como se puede apreciar, este es un caso en que la imposición a revelara la fuente no proviene del Estado, sino por los propietarios de los medios[30].

Podemos referirnos a la visita de relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Guatemalaen el año 2000, en la que recibió información sobre el aumento de las citaciones de periodistas a los efectos de interrogarlos sobre sus fuentes de información. A criterio de la Comisión y sus Relatoría, la revelación de las fuentes de información genera un efecto negativo e intimidatorio en la investigación periodística. Ante la posibilidad de que los periodistas sean obligados a revelar la identidad de las fuentes que proporcionaron información en confianza o en el curso de una investigación, las futuras fuentes de información, limitan su aporte a los  periodistas. El fundamento principal en que se sustenta el derecho a la confidencialidad es que, en el ámbito de su trabajo, para suministrar al público la información necesaria a efectos de satisfacer el derecho de ser informado, el periodista cumple un importante servicio público cuando recaba y divulga información que de otra forma no sería conocida. La confidencialidad profesional tiene que ver con el otorgamiento de garantías legales para asegurar el anonimato y evitar posibles represalias que puedan resultar de la divulgación de cierta información. La confidencialidad, por lo tanto, es un elemento esencial de la labor del periodista y del papel que la sociedad ha conferido a los periodistas de informar sobre cuestiones de interés público. La Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido la importancia de la protección de las fuentes periodísticas, como “una de las condiciones básicas de la libertad de prensa”. La Corte Europea declaró:

Sin esa protección, las fuentes pueden ser disuadidas de asistir a la prensa en la información al público en cuestiones de interés público. En consecuencia, el papel vital de vigilancia pública de la prensa podría verse socavado y podría verse adversamente afectada la capacidad de ésta para brindar información precisa y confiable. Teniendo en cuenta la importancia de la protección de la fuente para la libertad de prensa en una sociedad democrática y el posible efecto paralizante que podría ejercer para esa libertad una orden de divulgación de las fuentes, dicha medida no puede ser compatible con el artículo 10 de la Convención a menos que esté justificada por un interés público superior.

La Comisión también indicó, a través de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que la protección de las fuentes es parte de la garantía general de la libertad de prensa. Es preciso subrayar que este derecho no constituye un deber, pues el comunicador social no tiene la obligación de proteger la confidencialidad de las fuentes de información excepto por razones de conducta y ética profesionales.

Podemos referirnos al caso de México que según reforma parcial del Código de Procedimientos Penales Federal, en el artículo 243 Bis se establece que:  “No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: ……… III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado ……”. Sobre esta reforma legislativa el señor  Javier Corral Jurado, periodista y político mexicano (miembro del Partido Acción Nacional, ha sido Senador de la República por el estado de Chihuahua) ha manifestado que  la profesión periodística,  necesita de buena información. El periodista necesita estar bien informado y para estar bien informado, necesita recurrir a fuentes confidenciales, que permitan abrir espacios tradicionalmente cerrados, desde el ámbito público o privado, al conocimiento público. El periodista necesita información que a veces, de manera oficial o formal no la puede obtener, pero que mediante un convenio o un acuerdo de secrecía y su fuente, se puede llegar a tener o a conocer. Esta necesidad de fuentes confidenciales tiene un fundamento, más que la actividad profesional propiamente hablando, es el interés colectivo. Esto es el reconocimiento de un derecho social que se tiene a la información. Se trata precisamente, de garantizar un derecho del que la sociedad es titular pasivo, pero del que el periodista emerge como un titular activo, y calificado, y por supuesto agente trasmisor, sobre todo quienes publican de manera cotidiana[31].

4’)  La Intervención a teléfonos y a correos electrónicos.

Si bien en el emblemático caso WATERGATE, las famosas grabaciones hechas en el formato analógico de la época, en lugar de configurar un obstáculo al libre ejercicio de la comunicación e información para los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward del diario Washington Post, fueron instrumentos  esenciales para  corroborar los hechos de esta histórica investigación que provocó la renuncia del Presidente de los Estados Unidos de Norte América, Richard Nixon en año 1994; no es menos cierto que cuando estas prácticas, son impuestas por los gobiernos, se configura un obstáculo al libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información del ciudadano.

En los últimos años, y con el advenimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, hemos visto como a periodistas se les han intervenido ilegalmente sus teléfonos, y correos electrónicos, o amenazados con juicios, para obligarlos a revelar la fuente de información. Adicionalmente, se han publicado a nivel mundial una serie de nuevas legislaciones en respuesta a la guerra contra el terrorismo que lesionan directamente el derecho a la información y la libertad de prensa de los periodistas, tal como lo vemos en el “Enforcement Act” el cual insta a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet a colaborar con la defensa ante posibles ataques terroristas a través de la intercepción o grabaciones de mensajes transmitidos a través de sus redes de telecomunicaciones. Con respecto a esta ley federal de los Estados Unidos de Norteamérica observamos que en fecha 12 de abril de 2004, la Asociación de Industrias de Satélites (SIA) de la cual es miembro INTELSAT, que posee mas de cincuenta satélites de comunicación  en el mundo, envió un comunicado a la FCC, al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad en el que reconocían que si bien están de acuerdo con los principios establecidos en el la ley de Seguridad (Enforcement Act) quedan exceptuados de la interceptación o vigilancia electrónica los servicios de acceso de banda ancha satelital, ya que constituyen servicios de la información los cuales están expresamente excluidos por esta Ley. Así mismo, la SIA informó a las Agencias de Seguridad de USA que la interceptación o vigilancia electrónica prevista en esta ley de seguridad, tampoco eran aplicable a los servicios de correo electrónico, ni a la provisión de servicios de Internet en general. En este sentido, la Cortede Apelaciones del Circuito del Estado de Washington D.C.,  estableció que el Comunicado de las Agencias de Seguridad (CALEA) sobre la asistencia en materia de comunicaciones en cuanto la ley de seguridad no es aplicable a los servicios de información o al acceso a Internet.

Otro de los obstáculos a la libertad de prensa se configura a través de la violación del derecho al secreto de la correspondencia de los periodistas. Este derecho se refiere a que toda correspondencia cualquiera que sea su forma, incluso la correspondencia electrónica (email) y aun cuando la misma no tenga el carácter de confidencial, no puede ser objeto de interceptación, interferencia, modificación, reproducción ni divulgación sin la previa autorización del destinatario.

Otro de los delitos relacionados con la violación del derecho al secreto que forma parte de los derechos de la personalidad consagrado como un derecho humano fundamental de las personas, es la privacidad de las comunicaciones cursadas a través de las redes de telecomunicaciones (correspondencia privada). La intervención de las telecomunicaciones supone una actividad de interposición técnica entre los interlocutores de una comunicación, de aparatos de escucha y/o grabación, con el fin de captar el contenido de lo comunicado, el cual se asemeja a la acción de vigilar una comunicación privada. Por otra parte, el supuesto de la interceptación telefónica supone una actividad tendiente a suspender, interrumpir o impedir la comunicación, o apoderarse de ella antes de que llegue a su destino[32].

Estos mecanismos de violación de la privacidad de las comunicaciones, hacen uso de tecnologías de información, para acceder, capturar, interceptar, interferir, reproducir, modificar, desviar o incluso eliminar cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación de los periodistas, transgrediendo el derecho a la libertad de información y la libertad de prensa.

Los cuerpos policiales o de investigación, actualmente se hacen valer de los sistemas informáticos a los fines de obtener datos o información contenidas en los sistemas telemáticos que utilizan tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes, a los fines de determinar la fuente de las informaciones o denuncias, violando el derecho al secreto de la fuente. Posteriormente, los periodistas son llevados a juicio con pruebas obtenidas de forma ilegal a través de este tipo de mecanismos y los mismos son obligados a revelar la fuente de los hechos divulgados.

Tanto la instalación de aparatos para intervenir comunicaciones privadas como la revelación del contenido de estas comunicaciones privadas obtenidas arbitraria, clandestina o fraudulenta, es un hecho considerado como delito.  En este sentido, observamos las nuevas terminologías utilizadas en estas conductas del mundo digital y electrónico como son: los “Hackers” que pueden Identificar las fallas de los sistemas de seguridad de las redes telemáticas interviniendo los sistemas a fin de tomar información confidencial o privada. También podemos mencionar los “Crack” que crean perjuicios en las redes a fin de destruir la información contenida en las bases de datos. Otro término utilizado en las nuevas tecnologías de comunicación es el “Bloqueo” que consiste en un mecanismo que permite desviar el ingreso de los correos electrónico a una nueva dirección IP, evitando que el destinatario reciba los correos.

Uno de los temas polémicos, en el campo de la correspondencia privada de los ciudadanos, es el referente al uso de estas prácticas intervencionistas de la comunicación privada, por parte de periodistas en las investigaciones que realicen. Al respecto consideramos que el uso de estas técnicas, sin la previa autorización de una autoridad judicial, constituye una violación a la correspondencia privada del ciudadano, que también es un derecho constitucional inviolable.

Cuando el periodista utiliza estas técnicas en sus investigaciones, sin que lo autorice un juez competente en la materia,  está incurriendo en violación de derechos constitucionales que impiden darle valor de prueba procesal a estas informaciones obtenidas por estos procedimientos de intervención telefónica y de correos electrónicos, y mal pueden ser invocadas en un juicio como pruebas legales.  Igualmente, su publicación por el medio de comunicación, puede configurar litigios en defensa a la correspondencia privada del ciudadano interceptado en sus comunicaciones. Consideramos que desde el punto de vista legal, la evidencia del hecho no puede basarse en la información obtenida por estas prácticas ilegales, independientemente de que se evidencie en la información obtenida por el periodista, elementos convincentes sobre la veracidad del hecho, y se pueda configurar la figura de lo que algunas jurisprudencias en América Latina, denominan el “Hecho Comunicacional’, extraído  del “Hecho notorio”, que aplicado al mundo actual de los medios de comunicación social,  son aquellos hechos que por su notoriedad pública y mediática, no requieren otro tipo de prueba para comprobar el hecho.

2)  Los Mecanismos Indirectos de restricción a la Libertad de Expresión.

Según el artículo 13.3 del Pacto de “San José de Costa Rica” los abusos de controles oficiales, y en general, cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de las ideas y de las opiniones, es considerado como un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión, es decir, se puede catalogar como un obstáculo al ejercicio de esta libertad. Ahora, bien, como la previsión legal del Tratado es enunciativa y extensiva en su redacción, la Comisión se ha encargado de interpretar el alcance de este artículo.

En este sentido la Comisión, en materia de controles gubernamentales de índole tributario, sostiene que las auditorias fiscales por parte del Gobierno son acciones legales, pero cuando éste las utiliza como medio para acosar o intimidar, obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones y limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. En materia tributaria el gobierno está facultado legalmente para realizar las auditorías que sean necesarias en cualquier empresa, pero no puede excederse en sus funciones a través de acciones abusivas como medio indirecto de acoso exclusivo a la prensa. Tolerar criterios de restricción que pueden ser empleados como mecanismo encubierto de censura contraviene el artículo 13 de la Convención. Las restricciones indirectas a la libertad de expresión que tienen por objeto limitar el intercambio libre de ideas e informaciones también perjudican el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, la Comisióninsta a los Estados  a adoptar las medidas necesarias para que los medios de comunicación puedan realizar su trabajo y su función social libremente sin la amenaza de confrontar presiones indirectas de restricción.

Paralelamente a las violaciones directas del derecho a la libertad de expresión   (como son por ejemplo el asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión); existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión.  Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas.

En este sentido, con relación a la distribución de la asignación publicitaria del Estado a los medios de comunicación privados, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión ha iniciado un estudio sobre el uso de la publicidad oficial como restricción indirecta de la libre circulación de ideas.  La asignación discriminatoria de publicidad oficial no es más que una de las manifestaciones posibles de las restricciones indirectas al derecho a la libertad de expresión.  Este tema merece especial atención en América, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado, históricamente, el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a la publicidad. Existen dos tipos de publicidad del Estado: la publicidad no pagada y la publicidad pagada.  La publicidad “no pagada” incluye los comunicados de prensa, los textos de leyes o sobre reuniones legislativas, e información que cuenta con respaldo del gobierno pero que puede ser pagada por un particular.  Con frecuencia existen obligaciones jurídicas de parte de los medios de comunicación nacionales de divulgar esta publicidad como condición para que utilicen las frecuencias y las ondas del Estado.  Esas condiciones están habitualmente incluidas en las leyes fundamentales de radiodifusión y prensa.  La publicidad “pagada” incluye los anuncios pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o patrocinado por éste, las campañas a base de folletos, el material publicado en Internet, las exposiciones, etc.  Los gobiernos utilizan la publicidad pagada para informar a la opinión pública sobre asuntos importantes (por ejemplo, anuncios vinculados a preocupaciones por la salud y la seguridad), para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos y de las empresas (como los estímulos a la ciudadanía para que concurran a votar en las elecciones) y para generar ingresos  a través de diversos programas (con frecuencia por la vía del sector estatal).  El uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herramienta importante y útil para los Estados y aporta una ganancia por publicidad imperiosamente necesaria para los medios de comunicación. Tradicionalmente, los presupuestos de publicidad del Estado representan un porcentaje sustancial de la inversión total en publicidad de los medios.  En general, el público no conoce las cifras exactas de lo que se gasta en publicidad.  Sin embargo, existen informes de numerosos medios de comunicación que indican  que reciben del Estado entre el 40% y el 50% de su ingreso.  La publicidad estatal con frecuencia ofrece medios a voces que, sin la ayuda financiera del Estado, no podrían sobrevivir.  La creciente consolidación de la propiedad y la propiedad cruzada de medios de comunicación significa que los periódicos y las estaciones de radio y televisión más pequeños enfrentan una competencia cada vez más fuerte por los ingresos de la publicidad disponibles.  Los otros proveedores importantes de ingresos, las grandes empresas, con frecuencia sólo colocan anuncios en medios favorables a sus intereses comerciales, evitando aquellos que denuncian los escándalos financieros, los daños ambientales y las disputas laborales.  La publicidad estatal puede compensar los vastos recursos de la comunicación controlados por intereses empresariales o por los círculos financieros, pues pueden ampliar la voz de periodistas y medios de comunicación  local, de los medios más pequeños y de los que critican a las empresas.

A menudo, una gran parte del gasto interno del Estado se destina a publicidad.  Existe muy escasa información sobre los criterios que se utilizan para asignar la publicidad.  El Estado distribuye su publicidad entre varios medios de comunicación, con frecuencia sin ninguna restricción o supervisión legal.  Ello da lugar a una selectividad en la colocación de publicidad.  La decisión del Estado de continuar o suspender la publicidad en un medio tendrá efectos importantísimos en el ingreso anual por publicidad de ese medio.

Históricamente, una porción considerable del capital productivo de los medios de comunicación en América se ha originado en la asignación de publicidad oficial por los Estados. Este hecho, sumado a la selectividad discrecional en la colocación de la publicidad, crea el peligro de autocensura para evitar penurias financieras que pudieran enfrentar los medios a los que se niega la publicidad del Estado.

En el marco de los criterios de distribución, existen asignaciones discriminatorias negativas y positivas de la publicidad.  La asignación negativa se otorgaría a una persona o un medio de comunicaciones para inducirlo a no informar desfavorablemente sobre quienes están en el poder.  La asignación positiva exige que el beneficiario se exprese favorablemente para recibir los fondos estatales.  Tanto la asignación positiva como la negativa pueden constituir una violación de la libre expresiónLas asignaciones negativas son formas de coerción basadas en los contenidos, que obligan a los medios de comunicación al silencio sobre cuestiones de interés público, en tanto las asignaciones positivas pueden distorsionar artificialmente un debate público al inducir a apoyar las opiniones del gobierno a quienes en otras circunstancias hubieran adoptado una posición contraria (o hubieran optado por no expresarse del todo).

Otro mecanismo indirecto de violación a la Libertad de expresión, es la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Como se expuso ampliamente en este estudio, al hablar de los orígenes de los obstáculos a la libertad de expresión de índole económico, esta situación responde a formas o amenazas indirectas contra la libertad de expresión[33].

b) Los Obstáculos Legales (Poder Legislativo)

Debemos tener presente que la atribución que tiene el Poder Legislativo para normar el libre ejercicio de la expresión del pensamiento, las ideas y las informaciones en general de manera cónsona y coherente con los otros derechos constitucionales de los ciudadanos, no se puede considerar como un obstáculo a la misma. Así pues, la teoría de la responsabilidad social ulterior de los medios de comunicación social, de los periodistas, de los comunicadores y de los ciudadanos en general, en materia de libertad de expresión, exige  que el Poder Legislativo, garantice no solo la libertad de expresión, sino que además garantice el derecho a la reputación, el derecho a la honra y el derecho a la protección de los niños y adolescentes, entre otros. Ahora bien, cuando los mecanismos legales del Poder legislativo,  mas allá de lograr un justo equilibrio normativo entre la libertad de expresión, el derecho a la información y los demás derechos constitucionales de los ciudadanos, configura normativas draconianas que penalizan o criminalizan los abusos de esta libertad de manera desproporcionada y discriminatoria, asignándole a las autoridades públicas potestades discrecionales ilimitadas,  en materia de limitaciones a la  libertad de expresión y al derecho a la información del ciudadano, se convierte en un obstáculo que amenaza peligrosamente el ejercicio pacífico de esta libertad.

1) “Las Leyes de Desacato”

Las denominadas “Leyes de Desacato” se configuran como el establecimiento en la normativa penal de tipos delictivos en los que se contemplan sanciones privativas de la libertad a cualquier persona que ofenda a determinadas personalidades políticas como el Presidente de la República, miembros del parlamento, jueces y magistrados, o simplemente, sancionan a personas por el hecho de no mostrar el debido respeto a instituciones públicas con palabras, gestos o acciones ultrajantes o que provoquen disturbios u obstrucciones.

En muchos países, estas leyes se usan implacablemente contra los periodistas a fin de ejercer una presión o amenaza de privación de su libertad personal con la finalidad de evitar la divulgación de hechos o actos ilegales cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su actividad pública. Estas leyes tienen un efecto disuasivo para los directores de periódicos y periodistas, quienes tienen la alternativa de ignorarlas con el riesgo de encontrarse en prisión o de ejercer la autocensura.  El origen de este tipo de normas se remonta a la protección rigurosa del "derecho divino de los reyes" o, en su versión más actualizada, de los presidentes y sus colaboradores. Las "leyes de desacato", persiguen como fin último proteger a los presidentes y a otros representantes de Gobierno de cualquier escrutinio o crítica de su conducta.

Raymond Louw[34], Representante Africano del Comité Mundial para la Libertad de Prensa, ha sostenido que bajo las "leyes de desacato" se imponen severas condenas de prisión a los periodistas que se refieran a los jefes o representantes del estado en términos que se consideren "ofensivos". Se han empleado también para condenar las denuncias de acciones reprensibles de la policía o de los militares, para censurar material políticamente embarazoso, y para impedir referencias negativas a los símbolos o instituciones estatales. El hecho de aludir a una enfermedad del presidente o de otro representante del Estado - que podría sugerir que la persona no está capacitada para cumplir con sus deberes - basta para que el autor se vea acusado de cometer un delito y condenado a penas prolongadas de prisión. La veracidad o la imparcialidad de la información no vienen a cuento y son varios los casos de editores y periodistas encarcelados en la región por haber difundido este tipo de noticias.

Estas leyes de desacato, que se emplean contra los medios informativos cuando las referencias personales a jefes o representantes del Estado se consideran ultrajantes o cuando los periodistas denuncian conductas oficiales indebidas, constituyen un obstáculo directo a la libertad de prensa y de expresión. En estos casos la ley es utilizada como un mecanismo para negar información pública, una actitud contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y la declaración de Principios de Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos, ambas suscritas por todos los Estado centroamericanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha concluido  que tales leyes no eran compatibles con la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas. La Comisiónha declarado asimismo que las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al gobierno a controles, como el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos.  En consecuencia, los ciudadanos tienen el derecho de criticar y examinar las acciones y actitudes de los funcionarios públicos en lo que se relacionan con la función pública.  Además, las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias.  Incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas, restringen indebidamente la libre expresión porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones, y por lo tanto no pueden probarse.  Las leyes sobre desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el “orden público” (un propósito permisible para la regulación de la expresión en virtud del Artículo 13), ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público.   Existen otros medios menos restrictivos, además de las leyes de desacato, mediante los cuales el gobierno puede defender su reputación frente a ataques infundados, como la réplica a través de los medios de difusión o entablando acciones civiles por difamación o injurias.  Por todas estas razones, la Comisión ha concluido que las leyes de desacato son incompatibles con la Convención, y ha instado a los Estados a que las derogaran. Contemporáneamente con esta fundamental opinión de la Comisión, y, a partir de ella, distintas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo se han expresado en forma uniforme por la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos. Así pues, podemos referirnos nuevamente al la Declaraciónde Chapultepec, en la ciudad de México; la cual fue suscrita por los Jefes de Estado de veinte y un países de la región, y se la considera una norma modelo para la libertad de expresión.  Con respecto a las leyes sobre desacato, la declaración establece que: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

Al analizar este tema en la región de Centro América observamos que en Honduras, aun se contempla en el Artículo 345 del Código Penal este tipo de leyes de desacato. Sin embargo, en octubre de 2003, el Fiscal General de Honduras (Dr. Roy Medina), interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema[35] de ese país, alegando que la ley de desacato era contradictoria a los artículos 60 y 72 de la Constitución. Posteriormente, en decisión del 19 de mayo de 2003 se declaró con lugar dicho recurso exponiéndose lo siguiente: "La tendencia de las democracias modernas, es la eliminación de las Leyes de Desacato, por considerarlas contrarias al derecho de igualdad ante la ley y una limitante al ejercicio del derecho de libertad de expresión, al establecer un fuero de excepción a favor de los funcionarios públicos". Efectivamente, las leyes de desacato suponen una efectiva arma de intimidación y represión contra el libre flujo de ideas y expresiones. Estas normas son legados de pasados coloniales o autocráticos que encuentran su origen en el Imperio Romano, el cual las creó para proteger al emperador de las críticas del resto de la población. Asimismo, estas disposiciones constituyen un trasgresión al sistema interamericano de justicia y derechos humanos, el cual, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, ha declarado las leyes de desacato "contradictorias" al Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual como ya comentamos Honduras es signatario. Desde que la comisión lo recomendara en 1994, sólo cinco países latinoamericanos las han eliminado: Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Honduras.

En Panamá, tal como se explicó anteriormente, el 29 de junio de 2005, se sancionó la Ley 22 que derogó todas las leyes "mordazas" promulgadas durante el pasado régimen militar (1968-89) y que afectaban la libertad de prensa. Sin embargo, el Código Penal de la República de Panamá de 1982, conserva aun tipificado en el artículo 307, una norma de desacato[36], conforme a la cual: “El que ofenda o ultraje públicamente al Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones, será sancionado con prisión de 6 a 10 meses y de 20 a 50 días-multa.” Asimismo, el artículo 308 del mencionado Código establece que “El que vilipendie públicamente a uno de los Órganos del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días-multa.” En este sentido, el relator especial de libre expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que las leyes de difamación penal y de desacato de Panamá son incompatibles con las normas de derechos humanos interamericanas. En un informe de julio de 2003, el relator instó al Gobierno a revocar todas las leyes de "desacato" o injuria y dijo que: "Es incorrecto privar a cualquiera de su libertad a expresar puntos de vista acerca de funcionarios públicos".

En El Salvador, la Asociaciónde Periodistas del  Salvador ha manifestado que la legislación conocida como de “desacato” se ha activado durante el año 2003 con la demanda judicial interpuesta contra el director y dos periodistas de El Diario de Hoy[37]. Por otra parte, el 15 de Diciembre de 2005, ha quedado registrado otro hecho de aplicación de leyes de desacato cuando los representantes legales de una compañía canadiense “CINTEC” presentaron una demanda penal contra el director propietario de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano, el gerente Laffitte Fernández, costarricense y el periodista Álvaro Cruz, nicaragüense, por una serie de artículos publicados sobre las operaciones de la empresa en el proceso y tratamiento de desechos sólidos en San Salvador. En la demanda se cuestiona la libertad de expresión en la que "los personeros del matutino buscan cobertura para convertirse en acusadores, juez y jurados para difamaciones contra el honor de las personas, como en el caso del señor Matteo Pascuale y Tony Cinquino."

En Guatemala, la Corte Constitucional, en el mes de junio de 2005, decidió dejar sin efecto  los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal, a la espera de la definitiva eliminación de estas leyes obsoletas y represivas contra la libertad de expresión y prensa en este país. Su decisión surge a raíz de una moción de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la Cámara  Guatemalteca de Periodismo, Mario Fuentes Destarac, y se basa en que dichas leyes de desacato desafían el artículo 35 de la Constitución de la República. Según dicho postulado constitucional, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.  Las leyes de desacato - en Guatemala o en decenas de otros países que siguen utilizándolas - suponen una efectiva arma de intimidación y represión contra el libre flujo de ideas y expresiones. Estas normas son legados de pasados coloniales o autocráticos que encuentran su origen en el Imperio Romano, el cual las creó para proteger al emperador de las críticas del resto de la población[38].

2) La tipificación penal de la Difamación y de la Injuria.

Con relación al panorama centroamericano observamos que en Panamá se discute un proyecto de ley preparado por legisladores del Congreso, bajo el cual las penas de cárcel por difamación se duplicarían y las penas aumentarían drásticamente, a través de una reforma del Código Penal[39]. Según las enmiendas propuestas, cualquier persona condenada por difamación podría ser encarcelada por hasta tres años. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que los delitos de difamación y calumnia también podrían estar sujetos a multas que serían considerablemente más estrictas que las prescritas por las leyes vigentes. Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, en octubre de 2005 había 15 demandas pendientes contra periodistas por difamación y calumnia en Panamá.

Con relación a  Costa Rica  Reporteros sin Fronteras (RSF) han manifestado  su preocupación, después de que, el 3 de mayo de 2006, la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazara un recurso de inconstitucionalidad relativo al artículo 7 de la Ley de Prensa, presentado por el abogado de un periódico. El texto establece penas de cárcel para los delitos de "calumnias" e "injurias", cometidos a través de la prensa. La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional limita gravemente la libertad de expresión de los periodistas". La sentencia del Tribunal consagra una antigua norma, que data de hace 104 años, en virtud de la cual se sancionan, con penas que van de uno a 120 días de cárcel, los delitos de "calumnias" e "injurias" cometidos a través de la prensa. La sentencia se aplica a la vez a los responsables de la publicación y al autor del artículo incriminado[40].  En otro orden de ideas el Poder Legislativo analizó nueve proyectos de reformas, pero sólo aprobó uno que eliminaba el delito de desacato, que conllevaba penas de cárcel para quien ofendiera a un funcionario público. La comisión no analizó el obstáculo principal para la prensa; la ley de «delitos contra el honor», la cual dispone multas y penas de cárcel para todo el que calumnie, injurie, difame o reproduzca declaraciones ofensivas contra una persona, incluso funcionarios públicos. El 3 de febrero de 2002, la nueva Asamblea Legislativa fue electa y se conformó una nueva Comisión de Libertad de Prensa. Al mismo tiempo, otro grupo en el congreso estudia una reforma general del Código Penal, la cual modificaría los delitos contra el honor. Aunque esta reforma introduciría más mecanismos de defensa para los periodistas, también aumentaría las penas y mantendría como delito la reproducción de declaraciones ofensivas[41].

c) Los Obstáculos Judiciales (Poder Judicial)

Otra costumbre muy común de represión a la actividad del periodismo, se manifiesta a través de la interposición de procesos judiciales penales o criminales por la comisión de los delitos contra el honor de las personas. Estos delitos adquieren en cada uno de los países una definición diferente. Aunado a ello, podemos apreciar sentencias de los Tribunales que son contrarias a los postulados del Pacto de San José de Costa Rica, lo cual configura un obstáculo a la libertad de expresión de origen judicial.

Dentro de los obstáculos judiciales, observamos que otra de las formas de limitar el ejercicio de la libertad de prensa es a través de la imposición de Medidas de Embargo, Secuestro, Expropiación o Confiscación de Medios de Comunicación o de los bienes necesarios para su funcionamiento, tal como lo son las imprentas.

También se ha detectado que los órganos judiciales atentan contra la libertad de expresión a través de la censura previa o reserva de las actas de los expedientes dictando medidas preventivas o cautelares basándose en la confidencialidad de las actas policiales o del expediente judicial sin que exista una justificación legítima para ello. Es admisible que los jueces tienen la facultad de dictar medidas judiciales prohibiendo que sean divulgadas determinados hechos que estén contenidos en las actas policiales o pruebas fundamentales que sean ventiladas en el curso de procesos judiciales o a los fines de proteger la integridad o moralidad de algún testigo clave de la causa. Ahora bien, cuando la no revelación del hecho, no persigue proteger la integridad o moralidad de algún testigo, ni la conclusión efectiva de la investigación judicial, nos encontramos en un terreno oscuro que puede configurar un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho a la información del ciudadano. Por otra parte, los Jueces al dictar o autorizar a los cuerpos policiales a practicar medidas de allanamiento en las oficinas de medios o en los hogares de periodistas,  a veces violentan el derecho a la reserva de la fuente informativa del periodista, lo cual es una violación directa a la libertad de expresión.

Un caso emblemático, en que la autoridad judicial ha actuado en contravención a los postulados del Pacto de San José de Costa Rica, y que se refiere a uno de los aspectos mas polémicos en América Latina como es el derecho a la vida privada de los políticos en ejercicio de sus funciones, los podemos apreciar en Costa Rica; en el amerita citarse sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 2 de julio de 2004 (caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica). En este fallo la Corteexpone criterios que diferencian la vida privada de un particular, de la vida privada  de un político en ejercicio de funciones públicas; esta decisión discrepa de manera sustancial del procedimiento y sanción penal impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa y la sanción civil impuesta a éste último y al señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del medio de comunicación social "La Nación", como consecuencia de haber publicado diversos artículos que reproducían parcialmente información de algunos periódicos europeos referentes a supuestas actividades ilícitas del señor Félix Przedborski. En la época de dichas publicaciones el señor Przedborski era representante de Costa Rica ante la Organización de Energía Atómica en Austria, en calidad de Cónsul ad honorem. Cuatro de los artículos publicados en el periódico "La Nación" fueron objeto de dos querellas interpuestas por el señor Przedborski, lo que dio lugar a la emisión de un fallo condenatorio, en el cual se declaró al señor Herrera Ulloa autor de cuatro delitos de "publicación de ofensas en la modalidad de difamación" con sus respectivas consecuencias penales y civiles. Además, se declaró al periódico "La Nación" como responsable civil solidario. En este caso la Comisión Interamericana señaló que los artículos publicados en la prensa europea relacionados con los presuntos actos ilícitos cometidos por el cónsul honorario de Costa Rica, señor Pzerdboski, son de alto interés público tanto en Costa Rica como en la comunidad internacional; que el Estado debe abstenerse de censurar la información respecto de actos de interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, dado que éstos deben demostrar mayor tolerancia a las críticas, lo cual implica una protección de la privacidad y la reputación diferente que la que se otorga a un particular. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros criterios, sostuvo el siguiente: “….. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido de manera consistente que, con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, hay que distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular y, por otro lado, cuando es una persona pública como, por ejemplo, un político. Esa Corte ha manifestado que: Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el artículo 10, inciso 2 (art.10-2) permite la protección de la reputación de los demás -es decir, de todas las personas- y esta protección comprende también a los políticos, aún cuando no estén actuando en carácter de particulares, pero en esos casos los requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados en relación con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos…………………

He aquí un caso emblemático de obstáculo a la libertad de expresión proveniente del Poder Judicial, subsanado afortunadamente por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hemos podido apreciar, que los obstáculos a la libertad de expresión se configuran, cuando las conductas del Estado o de los particulares, en materia de libertad de expresión y del derecho a la información del ciudadano, desacatan los postulados de esta Libertad, y de manera sesgada, intencional, negligente, o en muchos casos por desconocimiento del ámbito de aplicación legal de esta elemental libertad, se asumen posiciones que entorpecen el libre flujo de las informaciones y de las ideas.  Por ello, situaciones como, la intolerancia   (etnica, religiosa, política,) se convierten en obstáculos a esta libertad; así mismo, las leyes que no guardan un sano equilibrio entre la libertad de expresión por una parte y los demás derechos constitucionales, protegiendo excesivamente los otros derechos en perjuicio de la libertad de expresión, también se convierten en obstáculos a esta libertad; la violencia contra periodistas y comunicadores, que persigue instaurar la cultura del miedo, también se traduce  en obstáculos a esta libertad. La ausencia de una diversidad de medios y su concentración económica en grupos reducidos, sin la posibilidad de medios alternativos mas plurales,  también se suelen convertir en obstáculos al derecho a la información de los ciudadanos. Si bien hemos hecho especial referencia a los países de Centro América, los obstáculos a la libertad de expresión en esta región también son aplicables a las otras regiones de América Latina.

Alejandro Fuenmayor Espina

Conferencia dictada en reunión de la UNESCO (Centro América)

Guadalajara- México 2006

 VI. CONCLUSIONES. [subir]

En base a los argumentos expuestos en el presente trabajo concluimos lo siguiente:

  1. El marco legal internacional y constitucional que rige a los seis países de Centroamérica, (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras) sobre la Libertadde Expresión y el derecho a la información del ciudadano; así como, la permanente interpretación  que hace la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, sobre el “Pacto de San José de Costa Rica”, deben ser las premisas angulares de orientación, debate y discusión  para visualizar y detectar los obstáculos y las limitaciones al ejercicio de La Libertad de Expresión en la región centroamericana.
  2. La Libertad de Expresión es una libertad que conoce sus limites fronterizos cuando se topa con otros derechos constitucionales como son el derecho a la honra, a la reputación, a la vida privada, a la protección de los niños y adolescentes; los obstáculos o limitaciones arbitrarias se presentan cuando en esta colisión de derechos constitucionales, el equilibrio se rompe en perjuicio de la libre circulación de las informaciones, ideas y opiniones de los ciudadanos.
  3. Dentro de las causas y orígenes de estos obstáculos, a excepción de Costa Rica, hay un pasado militar en los países centroamericanos, que han dejado trazas que aun subsisten en ciertas conductas gubernamentales, y actitudes de intolerancia violenta, que son contrarias a los postulados de la libertad de expresión, conclusión que es válida para  otros países latinoamericanos.
  4. Hay países, donde la diversidad étnica, idiomática  y cultural, ha sido objeto de exclusión social, configurándose un obstáculo muy propio de dichos países como es el caso de Guatemala. Igualmente, la desnutrición, y la deserción escolar, siguen siendo obstáculos para el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información del ciudadano.
  5. A  lado de las ataques directos a la libertad de expresión como son el asesinato a periodistas, las amenazas a comunicadores sociales, se evidencian en la región amenazas indirectas como son, la concentración de propiedad de los medios en grupos reducidos, contrarios al principio de pluralismos informativo, para cuya solución se debe descartar cualquier estatización o expropiación de los medios, y buscar fuentes alternas de financiamientos públicos hacia la formación de nuevos medios alternos plurales que sean ante todo, independientes de los gobiernos, a fin de ampliar las fuentes informativas y la confrontación democrática de las informaciones y de las opiniones.
  6. Reconociendo de manera positiva las decisiones judiciales adoptadas por los máximos tribunales de Justicia de Guatemala y Honduras, que han manifestado su rechazo a las leyes de desacato, aun siguen vigentes en muchos países, las  cuales  son contrarias a los postulados generales de la Libertad de Expresión; al igual que las sanciones a la difamación y a injuria, las cuales continúan tipificándose como delitos penales y no, como ilícitos civiles.
  7. Los Estados centroamericanos deben continuar manteniendo y consolidando sus compromisos con el “Pacto de  San José de Costa Rica” y sus instituciones como son: La Comisión y la Corte Interamericanade Derechos Humanos, y ajustarse progresivamente a esta normativa internacional, sin desvirtuar las discusiones y debates que ello amerite,  con el fin de erradicar los obstáculos al libre ejercicio de la libertad de expresión, piedra angular para el fortalecimiento de las democracias en América Latina.

[subir]


[1] ······· Fuente de Información: Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL;· p.59-60; 3ra edición, San José de Costa Rica, Costa Rica.

[2] ······ Idem.

[3] ·······Idem.

[4] ·······Idem.

[5] ········Idem.

[6] ······· Idem.

[7] ······· El Militarismo, Juegos de Guerra en el Cono Sur - www.monografias.com

[8] ······· Trabajo realizado por ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, PARA LA CLASE  DE Historia  DE HONDURAS SECCION 1003, GRUPO #14, PRIMER  PERIODO 2005).

[9] ······· www.wikipedia.com Enciclopedia libre

[10] ····· www.wikipedia.com Enciclopedia libre

[11] ····· www.ellatinoamericano.cjb.net

[12]····· FIOL, Ana, Argentina, periodista y docente universitaria. Investigadora del Forum Sector, WACC. Correo-e: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

[13]····· http://www.lainsignia.org/2002/enero/der_020.htm

[14]····· www.cidh.org/countryrep/Guatemala01sp/cap.9.htm

[15]····· http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=439&lID=2

[16]····· http://www.iua.upf.es/formats/formats3/cas_e.htm

[17]····· http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2001/05/07/historia.htm

[18]····· www.el-universal.com/2005/05/18/int

[19]····· Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras.

[20]····· Esta conferencia celebrada en el Castillo de Chapultepec, que congrego a lideres políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, directores de periódicos y ciudadanos de toda  América, fue el resultado de mas de un año de trabajo en el que se examinaron los desafíos y presiones sobre libertad de expresión y la libertad de prensa en las democracias del hemisferio

[21]····· Convención Americana Sobre Derechos Humanos, art. 13.4.-

[22]····· OC 5/85, párrafo 54, señala que la violación al derecho a la libertad de expresión es especialmente radical en los casos de censura previa, ya que “viola tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.”

[23]····· Caso 10.325, Informe Nº 2/96, Grenada, Steve Clark y otros, 1 de marzo de 1996.

[24]····· Caso 11.230, Informe Nº 11/96, Chile, Francisco Martorell, 3 de mayo de 1996.

[25]····· Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile), Sentencia del 5 de febrero de 2001.

[26]····· http://www.uantof.cl/CS_JURIDICAS/magistermateriales/Manuel%20%D1%FA%F1ez/CIDH_La__ltima_tentaci_n_de_Cristo_050201.pdf

[27]····· El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo que "ningún estado de excepción justifica que se limite el derecho a la información de la población", y destacó que el acuerdo gubernativo tiene el agravante de dejar a discreción de las autoridades la calificación del contenido que transmitan los medios de comunicación.

[28]····· Análisis de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[29]····· Informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador-APES-en www.apes.org.sv

[30]····· www.ifex.org/en/content

[31]····· http://www.javiercorral.org/article.php3?id_article=698

[32]····· Tamayo Rodríguez, José. “Intervenciones telefónicas y grabaciones ilícitas”. Página 324, Caracas, Venezuela. 1999.

[33]····· Ver los orígenes y causas de índole económico de los obstáculos a la Libertad de Expresión.

[34]····· Raymond Louw es Director y Editor del Southern Africa Report, un boletín informativo de actualidades en África del Sur, y Representante Africano del Comité Mundial para la Libertad de Prensa (World Press Freedom Committee, WPFC)

[35]····· http://www.ifex.org/es/content/view/full/66910/

[36]····· www.acnur.org/biblioteca/pdf/pdf/01036.pdf

[37]····· www.apes.org.sv

[38]····· http://www.ifex.org/es/content/view/full/67533

[39]····· http://www.ifex.org/es/content/view/full/66910/

[40]····· http://www.ifex.org/es/content/view/full/74300

[41]····· Idem.

[42]····· http://www.derechopenal.com.ar/archivos.php?op=14&id=141&pag=3

 

 

 

II. ··VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA"· Y· LOS PAISES DE CENTRO AMÉRICA.

 

Marco Legal de las Telecomunicaciones

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