LAS DOCTRINAS MODERNAS SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

- LA TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

- LA DOCTRINA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

- LA DOCTRINA DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN O EL DERECHOA LA COMUNICACIÓN.

- LA DOCTRINA DEL PLURALISMO Y LA TOLERANCIA DEMOCRATICA.

- LA LIBETAD DE EXPRESIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN.

En el Estado Social de Derecho se conserva el esquema de las garantías individuales y de la separación de los poderes del Estado clásico; pero se le da énfasis al rol del Estado no como interventor, sino como cooperador de las necesidades sociales que no pueden ser resueltas por el simple juego del mercado. Se concibe así la libertad de expresión, no como una libertad del individuo, sino también como un patrimonio social indispensable para la comunidad  toda. En este sentido observamos que las democracias occidentales han configurado correctivos  a la teoría liberal conservando de ella su respeto al individuo o su defensa contra la arbitrariedad, pero reformando su entrega absoluta en la materia del simple juego del mercado. El reconocimiento de que la empresa privada  debe canalizar una prensa libre sin coacción, no significa que la autoridad se desentienda de la información; debe garantizar que tal libertad sea ejercida por todos y no sólo por los poderosos, aparte de suplir a los particulares cuando haya informaciones que no puedan ser dadas o no quieran difundirse por éstos, ya sea por tendencias sociopolíticas, por inaccesibilidad o porque se trate de declaraciones que la propia autoridad decide hacer al público. Esta concepción subsidiaria del Estado en cuanto a la libertad de información, sólo puede ser comprendida en una sociedad democrática en la que el control  entre los poderes asegure efectivamente que el Estado actúe subsidiaria  o no eminentemente y en la que se reconozca el derecho del público a ser informado. Si no existen cortapisas constitucionales para que el Estado sólo actúe en subsidio del sector privado, llegaremos al autoritarismo o totalitarismo                      ( Vivanco Martínez Ángela: op. cit.,  pp. 105-106 ) .

Consideramos que esta teoría de la subsidiaridad del Estado en materia de libertad de expresión, según la cual, “debe garantizase que tal libertad sea ejercida por todos y no sólo por los poderosos” la debemos analizar con sumo cuidado; ya que, si aceptamos esta teoría como un dogma para el ejercicio de la libertad de expresión, se corre el mismo riesgo de censura e intervención arbitraria de los gobiernos sobre los medios de comunicación social, sobre todo los medios audiovisuales, donde los gobiernos  siempre han mostrado una tentación permanente de dominio sobre el espectro radioeléctricos que transporta la información y las opiniones en la sociedad.

Dentro de la nueva concepción de la Libertad de Expresión, en la cual debe garantizarse tanto la protección de los medios de comunicación social, como la protección de los ciudadanos en general, existen diversas teorías que han surgido después de la segunda guerra mundial del siglo XX.

I.  LA TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

En opinión de Francis Balle, está teoría constituye uno  de los desafíos lanzados contra la doctrina clásica liberal sobre la libertad de expresión, la cual se remonta al año 1945, donde la intención generosa de algunos intelectuales americanos y europeos, consistió en renovar las ideas liberales del siglo XVIII, bajo el nombre que los americanos llaman “La Responsabilidad Social de los Medios”, limitando la libertad de expresión por la seguridad individual y colectiva.

Los hechos que motivaron a esta teoría se ubican en las postrimerías de la segunda guerra mundial con la concentración y explosión de los medios; la eficacia de la información percibida como un arma de cambio, y el crecimiento considerable de la publicidad, que pasa a ocupar el primer lugar en los periódicos y las ondas radioeléctricas.

Paralelamente a estos hechos, las críticas, atacan a la prensa por su subordinación al   <<big bussiness>>,  por sus  ataques numerosos a la moral pública y a la vida privada, y por  su sumisión a la  presión de los anunciantes. La Radio es atacada por la preponderancia de los <<networks>> o circuitos de radio. Con relación a la televisión, se ataca por ceder espacios importantes a las emisiones de crimen y sexo. Como se puede apreciar, estas críticas no han cesado en los últimos 58 años, las cuales  han  pasado a tener una dimensión planetaria con la tecnología del Satélite de Comunicación Audiovisual.

 

La  Post guerra  en 1945

En las fuentes de esta doctrina podemos referirnos al informe de la Comisión Hutchins en el año 1947, la cual afirma lo siguiente:

<<Existe una contradicción entre la idea tradicional de la libertad de prensa y su necesaria contrapartida de responsabilidad ( ... ) La responsabilidad, como el respeto a las leyes, no es en si una traba a la libertad; por el contrario ella puede ser la auténtica expresión de una libertad positiva. Sin embargo ella se opone a la libertad de la indiferencia ( ... ). Es muy frecuente hoy en día que la pretendida libertad de prensa sea solamente una forma de irresponsabilidad social. La prensa debe saber que sus errores han cesado de pertenecer al dominio privado convirtiéndose en peligros públicos. Si ella se equivoca, es la opinión pública la que se equivoca. No es posible acordarle como a cada uno, el derecho al error o el de tener razón a medias ( ... ) Nosotros nos encontramos aquí ante un verdadero dilema: la prensa debe permanecer como una actividad libre y privada, y en consecuencia humana y con fallas; o ella no tiene derecho a cometer errores, por el hecho de que satisface un servicio público ( ... ) >> (Balle Francis: Médias et Sociétés, Ed.Monchrestien, op. cit., pp. 283-284).

Al respecto es  conveniente citar jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, que siguiendo muy de cerca la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la sentencia de 1964  <<New York Times V. Sullivan>> ha afirmado que <<cuando la Constitución requiere que la información sea “veraz” no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas - o sencillamente no probadas en juicio - cuando estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador. El ordenamiento - continúa diciendo el Alto Tribunal - , ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento  del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio>> (Chinchilla Marín Carmen: La Radio-Televisión como Servicio Público Esencial, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1988, pp 51-52).

Esta sentencia del Tribunal Constitucional español, que invoca la sentencia norteamericana, aclara muchas de  las interrogantes  planteadas por el informe de la Comisión  Hutchins del año 1947. Así pues, según dicha sentencia es posible el derecho al error o al de tener razón a medias, premisa fundamental para que la prensa  permanezca como una actividad libre y privada, pero al mismo tiempo la sentencia exige a la prensa y a los medios de información,  un deber de diligencia consistente en que la información sea rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible.

En la jurisprudencia venezolana observamos que en fallo de fecha 29 de febrero de 2000 emanado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se señala lo siguiente: <<...En los Estados Unidos de América, donde la prensa y los medios de comunicación en general  han alcanzado la mas elevada potencialidad la jurisprudencia ha establecido hace décadas la doctrina de la “Real Malicia”, en lo concerniente a la responsabilidad de dichos medios. Consiste esa doctrina en no hallar responsabilidad penal o civil para los periodistas, aunque lo que comuniquen sea incierto, con excepción de cuando actúen a sabiendas de la falta de veracidad >>. (tomado de la página Web del Tribunal Supremo de Justicia).

Por su parte, la Sala Constitucional de ese mismo Tribunal, en fecha 12 de junio de 2001, dictó la conocida sentencia 1013 (Elías Santana vs. Presidente de la República) en la cual se señala lo siguiente: “Cuando la información ha sido supuestamente contrastada por el medio antes de su divulgación, aunque tenga errores o inexactitudes, la información puede considerarse veraz, ya que, tiene una correspondencia básica con la realidad, y no puede exigirse a quien busca la información, que va a beneficiar a las personas que tienen el derecho a ella, una meticulosidad y exactitud que choca con la rapidez sobre la captura de la noticia, con la dificultad de comprobar la fiabilidad de la fuente de la misma, (la cual muchas veces es  oficial) o con las circunstancias – a veces oscuras – como sucede con los hechos que interesan al público, etc (tomado de la página Web del Tribunal Supremo de Justicia). Según este fallo,  el análisis sobre  la veracidad o error en una noticia, debe tomar en consideración “la rapidez sobre la captura de la noticia”.  En cierta forma esta sentencia  concuerda con el postulado de la sentencia de las jurisprudencias española y norteamericana antes citada.

En todo caso, estos fallos jurisprudenciales, nos ayudan a interpretar la teoría sobre la responsabilidad social de los medios en el ejercicio de la libertad de expresión, en el entendido de que la misma no  puede en ningún momento convertirse en una cortapisa de esta libertad, ya que de ser así, se incurriría en actos de censura arbitraria que ponen en peligro la necesaria libertad de acción que requieren los medios de comunicación para difundir y publicar las noticias y las opiniones. Sin embargo, en la citada sentencia 1013, existen otros planteamientos que restringen en forma arbitraria la libertad de expresión, y que hacen de dicha sentencia un fallo  contradictorio.

En la doctrina venezolana podemos referirnos al profesor de Derecho Administrativo Allan Brewer-Carías,  quien en el año 1970 realizó un ensayo jurídico  sobre la moderna concepción de la Libertad de Expresión,  publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela,  y en el cual nos comenta entre otros aspectos lo siguiente:   “... la libertad de prensa de 1789 no tiene ni puede tener el mismo contenido de la libertad de información actual, no sólo porque ya la prensa de hoy, con su progreso técnico y su base en el gran capital no es ni la sombra de la de entonces, sino porque la aparición de otros medios de comunicación ha revolucionado totalmente las expectativas y responsabilidades de la información. Hoy por hoy, estamos sintiendo cada vez más que la libertad de información va dejando de ser un derecho del hombre y del ciudadano, y se va convirtiendo en un monopolio de los gobernantes o de algunos pocos particulares con poder económico. Por ello, ahora, el problema radica en exigir a la libertad de información una función social que cumplir y en impedir que su ejercicio por un grupo reducido, se convierta en negación del derecho de todos a la información.........  Es por ello que el Proyecto de Convención sobre libertad de información que figura en el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde su decimocuarto período de sesiones, regula en primer lugar la obligación de los Estados Contratantes de ““respetar y proteger el derecho de toda persona a tener a su disposición diversas fuentes de información”” ...... Así mismo, es de destacar que ha sido en virtud de esta tendencia a evitar los abusos de la libertad de información que el ““Proyecto de declaración sobre libertad de información”” aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas  en su 29º período de sesiones y transmitido a la Asamblea General para su examen, expresa en su Artículo 3º lo siguiente: ““Los medios de información deben estar al servicio del pueblo. Ningún gobierno, órgano o grupo de intereses públicos o privados deberán ejercer sobre los medios destinados a difundir información un control tal que impida la existencia de fuentes diversas de información o prive al individuo del libre acceso a estas fuentes. Deberá estimularse el desarrollo de  medios de información nacional independientes””..... en términos generales, tanto las convenciones internacionales como las constituciones modernas, al consagrar la libertad de información, reconocen que la misma no es ilimitada, sino que está sometida a una serie de deberes y  responsabilidades ...” (Brewer-Carias Allan R: Las  Limitaciones  a  la Libertad  de Información en el Derecho Comparado, Prensa, Radio, Cine y Televisión, Revista de la Facultad de Derecho, U.C.V, 1970, pp. 9 y ss).

Una vez mas consideramos que estos criterios deben ser cuidadosamente analizados; ya que, el justo equilibrio que debe existir entre los propietarios y los ciudadanos usuarios de medios de comunicación, en relación al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos, no puede lograrse a través de mecanismo de censura  del Estado sobre estos medios; ya que, dichos mecanismos terminan por convertirse en cortapisa a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos.

Las concepciones doctrinarias que proponen la creación de organismos colegiados gubernamentales para velar por el derecho a la información del ciudadano, se convierten en restricciones políticas al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información que se difunde a través de los medios de comunicación social, tanto escritos como audiovisuales. El Estado Social de Derecho, está en la obligación de  garantizar una pluralidad de medios de comunicación que permitan a su vez, una pluralidad de opiniones, y una confrontación de ideas y editoriales. Es la única forma en que el ciudadano puede obtener una información veraz y objetiva. Ello no quiere decir, que la Libertad de Expresión sea ilimitada, si no que sus restricciones deben fundamentarse en responsabilidades consagradas en la ley, y sus aplicaciones deben corresponder al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo.

La autora Ángela Vivanco Martínez[1],  nos comenta que la Teoría de la Responsabilidad Social,  subraya la responsabilidad pública de la información y trata de superar, por consiguiente, el carácter mercantil en que se había convertido el mundo de la información por el desarrollo indiscriminado de la pura teoría liberal. Esta teoría  viene a identificarse con el progreso del mundo moderno, desde el concepto de un Estado de Derecho Clásico, a un Estado Social de Derecho, que coopera en las necesidades sociales que no pueden ser resueltas por el simple juego del mercado.

Al respecto consideramos que el juego del mercado económico debe siempre mantenerse; ya que, la única forma de garantizar la Libertad de Expresión y el derecho a la información, es la libre competencia entre los medios de comunicación social. La diversidad de los órganos de prensa es lo que garantiza la objetividad de la prensa en su conjunto, y ello se logra con la libre competencia  entre los medios.  Sustituir la libre competencia mercantil por la intervención reglamentaria del Estado, equivale a instaurar el dominio gubernamental sobre  los medios de comunicación social. Ello no quiere decir bajo ningún concepto que los medios no tengan a su cargo una responsabilidad social en la difusión de las ideas, opiniones y noticias; obviamente la tienen. Lo importante es tener en cuenta que los hechos ilícitos en que pueda incurrir un medio de comunicación social, (difamación, injuria, vilipendio, etc) y que lesionen los derechos de algún ciudadano, deben ser dilucidados por los organismos jurisdiccionales, (Poder Judicial) y en ningún caso, por censores gubernamentales (Poder Ejecutivo).

II.   LA DOCTRINA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Similar a la doctrina americana de la Responsabilidad Social por su inspiración y sus implicaciones, observamos el postulado del Derecho a la Información,  de origen francés, que en opinión de Francis Balle, configura una nueva interpretación de esta libertad. Se pasa de una concepción de las libertades individuales concebidas como una resistencia al poder, a una nueva interpretación del papel del Estado el cual se convierte en el garante último de esta  libertad. En este sentido, la evolución de las ideas concernientes a las libertades públicas (dentro de las cuales se encuentra la libertad de expresión), y  la democracia, nos conducen poco a poco y a través de la historia a la afirmación de una nueva exigencia: el derecho del público a la información objetiva. En este proceso, en que la Libertad de Expresión se va convirtiendo en una necesidad social intangible e imprescindible para el ser humano;  mas allá del Estado garante de este libertad, los medios de comunicación social y los profesionales del periodismo se convierten en responsables y garantes principales de esta Libertad, sobre todo en lo referente al derecho a la información del ciudadano.

Es en la Encíclica Papal “Pacem in Terris”, promulgada el 11 de abril de 1963, donde se hace la afirmación de los elementos constitutivos de este nuevo derecho. “El derecho del ser humano a una información objetiva”. En este proceso evolutivo de la Libertad de Expresión, amerita citarse también, la proclamación por parte del Vaticano del derecho que tienen todos a una información objetiva. En 1964 el Papa Paulo VI, con motivo de un seminario de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Información dijo lo siguiente:

 

Paulo VI

<< El derecho a la información es un derecho universal, inviolable e inalterable del hombre moderno, puesto que se funda en la naturaleza del hombre. Se trata de un derecho activo y pasivo: por una parte, la búsqueda de la información; y por la otra, la posibilidad de todos a recibirla>

 

Ahora bien: ¿Es posible la objetividad en la información?.  El autor francés Bernard Voyenne, en su obra El Derecho a la Información, dedica una parte a este complejo tema, comentando que una verdad objetiva es aquella que tiene una significación universal y en consecuencia es reconocida por todos. La diversidad de los órganos de prensa es lo que garantiza la objetividad de la prensa en su conjunto. Lo que no es visto o disimulado por uno, será descubierto y develado por el otro. El abuso de uno es compensado por el abuso inverso del otro. El diálogo con sus convergencias y disonancias, es en si mismo una fuente de la verdad. Esta condición, dice el autor, es necesaria pero no suficiente. Así pues, no se puede esconder las contrapartidas de la libertad, como es la libertad del más fuerte. El polo de equilibrio está en la organización. No es fácil organizar una competencia entre los órganos de la prensa, pero si ella no existe, estamos en presencia de un desorden. Hay que organizar este desorden sin suprimir la vida, restituyendo la objetividad deseable, inclusive cuando ella es rentable, pero sin recurrir a la coacción que la destruye. En resumen hay que encontrar las vías de la libertad positiva. Es esto lo que se busca en nuestra época (Voyenne Bernard: Le Droit de L’Information, Collection recherches économiques et sociales, Ed. Montaigne, 1970, Paris, Francia, pp. 82-97).

Como se puede apreciar, la objetividad en la información que implica  la veracidad de los hechos o la noticia, nos lleva irreversiblemente a la evaluación y análisis de  conceptos jurídicos indeterminados y subjetivos difíciles de concretar. Sobre este tema, el Tribunal Supremo Español ha sentenciado que por tratarse de un concepto indeterminado e indeterminable de manera absoluta y general, son los Tribunales los que deben valorarlos en cada caso concreto. En términos definitivamente clarificadores se ha expresado, la citada sentencia del Tribunal Constitucional español, que siguiendo muy de cerca la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la sentencia de 1964  <<New York times V. Sullivan>> ya citada, ha afirmado que cuando la Constitución requiere que la información sea “veraz” no está  privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas o  no probadas en juicio, sino estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador; ya que,  las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre (Chinchilla Marín Carmen: op. cit., pp 51-52).

Como corolario a este postulado del derecho a la información veraz y objetiva de origen europeo, debemos tener presente, que a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y América Latina,  donde los medios audiovisuales siempre  se han sido privados, en Europa se instituyó muy temprano un régimen de control público, fundamentalmente sobre la radiodifusión y la televisión, donde, la segunda guerra mundial provocó un gran impacto en los países europeos. Así pues, con la guerra de 1939-1945, la información se transformó en propaganda. El conflicto entre los Estados se desdobló en una lucha ideológica por la supremacía mundial; la información se convirtió en un instrumento de lucha por el poder. Aunado a ello, los Estados europeos, invocaron como razones políticas que la radio y la televisión se consideraban como instrumentos privilegiados  para una política de educación y cultura, donde el Estado debía asumirlas a su cargo. Es bueno aclarar que en los últimos veinte años, países como España, Francia, Italia, han desarrollado un tímido proceso de privatización de los medios audiovisuales, lo cual refleja un abandono progresivo de la teoría intervencionista del Estado sobre los medios de comunicación audiovisual.

En todo caso, es un hecho irreversible que la Libertad de Expresión ya no se analiza en  forma individualista, sino en forma colectiva y social, donde se comienzan a exigir garantías ciudadanas  en su ejercicio, como es el derecho del público a la información. Los autores franceses, Jean Marie Auby y Robert Ducos-Ader, en la obra Droit de L’Information,  definen este derecho como el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la información en su sentido activo y pasivo; es decir, tanto la difusión de la información como la recepción por sus destinatarios. Este derecho frente al público, consiste en reconocer a los individuos, no solamente el derecho a recibir la información existente, sino además la aptitud jurídica de ser beneficiario de una información <<efectiva>>  y conforme a lo que establece la propia noción de información << objetiva >>. Así pues, los autores citados consideran que la noción de  información  implica “la neutralidad” en todo lo concerniente a su finalidad,  y “la objetividad” en lo concerniente a su contenido  ( Auby Jean Marie et Ducos-Ader Robert: Droit de L’Inromation, Ed. Dalloz, 2da. ed., 1982, Paris, Francia, pp. 1-6  ).

Por su parte el ya citado autor Francis Balle  nos define el derecho a la información en los siguientes términos:

<<El derecho a la información reclama que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a todos los hechos de la actualidad,  tanto eventos como  expresiones sobre juicios u opiniones. Estos hechos deben ser presentados de manera inteligible para todo ciudadano; si no, la libertad se retornaría solo en el privilegio de algunos>>.

La doctrina del derecho a la información, se encuentra consagrada  en nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, conjuntamente con el artículo 57º de la Constitución venezolana vigente de 1999, que consagra la Libertad de Expresión, observamos el artículo 58º que consagra el derecho a la información del ciudadano, el cual es del tenor siguiente:

 

<< Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral>>.

Respecto a este artículo constitucional, el abogado y parlamentario venezolano Gerardo Blyde, con motivo de un breve análisis que hace sobre  la sentencia 1013, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, antes  comentada, nos dice que el artículo 58º consagra un derecho distinto, al de la libertad de expresión que consagra el artículo 57º de la misma Constitución. En este sentido, afirma que el artículo 58º está  íntimamente relacionado con  el Derecho a la Información que consiste en la necesaria posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a toda la información que deseen para formarse su propio juicio. Su relación con la libertad de expresión es directa, pues para formarse una opinión y luego expresarla tenemos derecho a conocer todas las informaciones que deseemos sobre un determinado tema. El Estado no puede limitar la libertad y la multiplicidad de medios de comunicación como una de las vías que tenemos los ciudadanos para informarnos ( Blyde Gerardo: Réplica y Contrarréplica, artículo de opinión, Diario el Universal, 22 de junio de 2001, p. 2-12, ). Como se puede apreciar, el abogado y parlamentario citado sostiene la tesis según la cual, el derecho a la información y la libertad y multiplicidad de medios de comunicación es un binomio indisoluble y necesario  para garantizar este derecho del ciudadano.

III.   LA DOCTRINA DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN O EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN.

A partir de 1990, la comunicación del pensamiento y de las opiniones se ha visto afectada por una doble evolución. Por un lado; el vertiginoso e incesante crecimiento de la prensa, la radio y la televisión, los cuales son constantemente puestos en cuestionamiento por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que dicen, o por lo que no dicen. Por otro lado, el surgimiento progresivo de nuevos medios que ofrecen posibilidades inéditas a la expresión de la comunicación del pensamiento, como sucede con el INTERNET.

En este sentido, La Libertad de Expresión es redefinida mas allá de la Libertad de Información, como  la Libertad de Comunicación o Derecho a la Comunicación.  Interpretamos que según esta redefinición de la Libertad de Expresión, el derecho a la información del ciudadano, no lo garantiza  el Estado,  creando  mecanismos de censura, sino  creando las condiciones  necesarias  para favorecer la libre circulación  de las ideas, y de las obras en la forma  más libre, abundante y fluida posible, sea cual sea el medio de que se trate. El derecho a la comunicación se nos presenta como un derecho particular que le impone al Estado intervenir, según las reglas que garanticen su neutralidad, en el sentido de una mayor  multiplicidad de medios, diversidad y pluralidad, y con la mayor accesibilidad a los diferentes públicos. Esta nueva concepción, en lugar de fortalecer cualquier censura gubernamental, persigue fortalecer a los medios de comunicación con trayectoria seria y responsable; así como también, al gremio de los periodistas y comunicadores sociales, porque son ellos los que pueden garantizar la libertad, fluidez y abundancia de las ideas y pensamientos; así como la necesaria confrontación pacífica de ideas que nos conducen a la veracidad de la información.

La obligación del  Estado según esta teoría  es  la de promover el desarrollo plural de los medios de comunicación privados, y en el caso de los medios audiovisuales, abrir las ondas radioeléctricas a todos aquellos particulares que reúnan los requisitos técnicos, económicos y legales para operarlas,  protegiendo así mismo  a  la profesión del periodista en lugar de agredirla, amenazarla o intimidarla como sucede en muchos casos.

Obviamente, al hablar de los periodistas, nos estamos refiriendo al periodista profesional que acata  los fines y objetivos de  su código de ética,  y  no aquellos periodistas que persiguen fines distintos a una información veraz y objetiva,  como podrían ser fines propagandísticos, electorales, políticos o de otra índole, caso en el cual se configura lo que en derecho administrativo se denomina “desviación de poder”, que  es perfectamente aplicable al periodista. En efecto,  el periodista y el comunicador social tienen un poder intangible que es el poder de la pluma en la redacción de la noticia, el del micrófono en la alocución radial y el de la imagen en la televisión;  y su gran capacidad para elaborar y transmitir las informaciones y opiniones, inclusive a través de medios tecnológicos sin fronteras como el Internet. Si ese poder se utiliza para fines distintos a su función de  buscar y difundir la verdad de los hechos, él no está siendo honesto con el ciudadano que deposita su confianza en él. Por ello, consideramos que si bien el periodista y el comunicador social tiene perfecto derecho a participar en política o a participar como empresario mercantil de un medio de comunicación, no es menos cierto, que cuando él elabora, difunde o publica una noticia, sus intereses políticos o mercantiles, no deben en ningún caso subordinar el hecho noticioso a estos intereses, sin perjuicio de su derecho a opinar sobre la publicación o difusión del hecho noticioso. Sin embargo, debemos aclarar que se trata de un tema sumamente complicado; ya que, como dice el autor español José María Desantes Guanter, es muy difícil de conseguir el que cada noticia no sea interpretada subjetivamente en el sentido más amplio del término. Ello nos obliga a determinar que la veracidad y objetividad en la noticia debe entenderse como un  principio ético, cuyo incumplimiento no puede configurar imposiciones de censura coactiva por parte de la autoridad pública. Siendo así  la veracidad y objetividad de la información un principio ético, su incumplimiento  no se puede sancionar con castigos de censura gubernamental. La única forma de contrarrestar estas conductas indeseables y contrarias al fin ético de veracidad y objetividad, en la información, es mediante una pluralidad de los medios de comunicación y  una  auténtica confrontación de ideas ante la opinión pública; ya que, la censura gubernamental convierte al Estado en un ente  autoritario y totalitario, que somete la libertad de expresión a criterios oficiales del ente público, lo cual está proscrito por la comunidad internacional.

Francis Balle, nos define La Libertad de Comunicación, como el derecho que tiene cada uno, de utilizar libremente el medio de su elección para expresar su pensamiento comunicándolo a los demás, o para acceder a la expresión del pensamiento de otro, independientemente de  la forma o finalidad de esa expresión.

Esta definición se acopla al reconocimiento internacional establecido por la Organización de las Naciones Unidas, y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en materia de Libertad de Expresión.

IV.  LA DOCTRINA DEL PLURALISMO Y LA TOLERANCIA   DEMOCRATICA.

Según la citada autora Ángela Vivanco Martínez, el pluralismo es una doctrina según la cual el mundo está compuesto de realidades independientes  y mutuamente irreductibles. La expresión de la filosofía pluralista consiste básicamente en el respeto por la “variedad”, es decir, la existencia de multiplicidad de opiniones, ideas, formas de pensar, comportamientos, corrientes políticas, económicas, filosóficas, sociales, etc. Significa reconocer que para todo problema existen varias posibles soluciones y que para acercarse a la verdad no existe la vía única, sino varias. Tal concepción tiene como uno de sus principales valores a la tolerancia. La tolerancia consiste en una actitud de comprensión frente a las opiniones contrarias, tanto en las relaciones interindividuales como en las de tipo político o religioso. Quien es pluralista considera la tolerancia como única forma de convivencia, y, por tanto, de posible eliminación de las violencias y abusos que provocan la actitud intolerante. La lucha entre la tolerancia y la intolerancia llenó muchos siglos, con el resultado de que la intolerancia siempre fue la causa que impidió en cada época el florecimiento de las artes y las ciencias, y al limitar las condiciones de ejercicio del pensamiento, ahogó la originalidad y, con ello, la posibilidad de descubrir la verdad. Concebir y adherir el pluralismo, es reconocer que no hay depositarios de verdades absolutas - por mas que cada uno de nosotros cuente con firmes             convicciones -, y que para llegar a un mejor acercamiento a la verdad universal, es necesario admitir la existencia de diversas posiciones sobre las materias que puedan plantearse a la opinión, y respetarlas aunque sean distintas a la propia, si pretendemos que nuestra opinión sea también respetada. El pluralismo no puede existir sin respeto mutuo  y sin tener conciencia de que es este respeto el que alimenta la convivencia humana, la tolerancia de los unos hacia los otros, y la búsqueda del bien común en interrelación entre los hombres, que no debe jamás ignorar el derecho al pensar individual de cada uno ( Vivanco  Martínez Angela: op. cit.,  pp                  289-291 ).

Si analizamos los principios de esta teoría en relación a la  Libertad de Expresión llegamos en forma irreversible a la conclusión de que éstos son esenciales para la garantía de la Libertad de Expresión. No podemos concebir esta libertad sino existe una tolerancia ante  las ideas que se confrontan, y si no existe un respeto a la opinión del contrario. Si no existe un reconocimiento a la diversidad de ideas, formas de pensar y opiniones, es imposible que exista libertad de expresión. Por ello, esta teoría, en nuestra opinión, se configura como la base fundamental de la libertad de expresión de los ciudadanos. De esta forma podemos apreciar que la tolerancia, el respeto mutuo, la variedad, el derecho a la paz, la erradicación de la violencia, y la aceptación de varias posiciones para acercarse a la verdad universal, son elementos esenciales de la Libertad de Expresión. Estos principios van aunados irreversiblemente a los sistemas democráticos. Pluralismo, tolerancia y democracia son conceptos indisolubles; es imposible concebir el pluralismo y la tolerancia sin un sistema democrático.

En este sentido podemos citar los  artículos 1ro. y 4to. de la Carta Interamericana de la OEA que son del tenor siguiente:

Artículo 1º.- Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 4º.-  Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Ahora bien, interpretamos  la doctrina del pluralismo y la tolerancia democrática, en el sentido de que la intervención del Estado en la Libertad de Expresión no puede concebirse como  una intervención de policía y control administrativo sobre el  ejercicio de esta libertad, sino como el reconocimiento de un derecho fundamental del ciudadano que debe garantizarse.

Los postulados antes comentados encuentran fundamento constitucional en  los artículos 57º, 58º y 60º de la Carta Magna de 1999, los cuales se transcriben a continuación.

<< Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación o difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades>>.

<< Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral>>.

<< Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos>>.

Como se puede apreciar,  la Constitución venezolana, consagra la doctrina del pluralismo y la tolerancia democrática, así como también,  la doctrina del derecho a la información de los ciudadanos, y la doctrina  de  la  responsabilidad social en el ejercicio de esta libertad. Los artículos constitucionales mencionados,  consagran a la Libertad de Expresión  y el derecho a la información como derechos humanos sobre los cuales no puede establecerse censura. Dentro del contexto de  la Libertad de Expresión,  se consagra el derecho a la protección del  honor, la  vida privada, la intimidad, la  propia imagen, la confidencialidad y la reputación de los ciudadanos. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Se consagra el derecho de  réplica y rectificación cuando una persona se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Así mismo se  prevé que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Se configura así el criterio de la convivencia armónica entre  la Libertad de Expresión y los otros derechos humanos fundamentales antes mencionados. Es decir, la Libertad de Expresión, no puede ejercerse en forma anónima, no puede convertirse en propaganda de guerra ni configurar mensajes discriminatorios o de intolerancia religiosa. Así mismo, en el ejercicio de la libertad de expresión, se debe respetar el honor, la  vida privada, la intimidad, la  propia imagen, la confidencialidad y la reputación de los ciudadanos.

V.   LA LIBETAD DE EXPRESIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN.

Muchos años antes del  nacimiento del proceso de globalización, el canadiense Marshall Mac. Luhan, desarrollo la teoría denominada Aldea Global. Este gran especialista de la comunicación se ocupó de buscar la relación existente entre la naturaleza de los medios de comunicación  y la sociedad global, creando un auténtico dogma de correlación entre la tecnología y la cultura, orientando sus estudios en un doble sentido. Por una parte, el llama la atención sobre el medio ambiente creado en una sociedad por la forma que reviste la comunicación.  Por otra parte, hace referencia a  la renovación del universo artístico,  que está determinado por la innovación del dominio de los medios de comunicación. Desde la década de los años sesenta en el siglo XX, pronosticó la existencia de lo que hoy conocemos como Internet o red de redes universal.

El proceso de la globalización en el estado actual de la humanidad es intrínseco a la libertad de expresión. Es imposible entender la dimensión de la libertad de expresión, sin tener en cuenta al proceso de la globalización económica y financiera en el mundo. Según el autor citado Joaquín Estefanía la base teórica de la globalización arranca de la revolución conservadora que tuvo lugar en los años 80, y cuyo epicentro fueron los Estados Unidos de Ronald Reagan y el Reino Unido de Margaret Tacher. La globalización económica es aquel proceso por el cual las economías nacionales se integran progresivamente en el marco de la economía internacional, de modo que su evolución dependerá cada vez mas de los mercados internacionales y menos de las políticas económicas gubernamentales. La mayor parte de los estudiosos de la globalización coinciden en que la base tecnológica de la misma está en el carácter cada vez mas inmaterial de la producción, en el desarrollo informático de los medios de comunicación, en la transferencia de conocimientos y de gestión en el tiempo real de los flujos financieros.

Por su parte, el profesor francés Alain Touraine define a la globalización como un fenómeno rupturista con el pasado << proceso nefasto mediante el cual los pueblos han cedido el poder sobre sus economías y sus sociedades a fuerzas globales antidemocráticas, tales como los mercados, las agencias de calificación de deuda, etc >>.

Otros intelectuales como el escritor liberal Mario Vargas Llosa ha afirmado que en la globalización << estamos asistiendo a un fenómeno extraordinariamente positivo, quizá lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad en toda su historia, que es la internacionalización total del planeta, la disolución progresiva de fronteras en todos los campos, en lo cultural, en lo tecnológico, lo económico. Pero eso crea una inseguridad, una especie de temor a lo desconocido, que es lo que alimenta la retracción nacionalista>> ( Estefanía Joaquín: ob. cit., pp. 11-23 ).

En el mundo financiero observamos que en la globalización las economías nacionales se sienten impotentes ante los movimientos de una masa gigantesca de capitales virtuales, capaces de desplazarse instantáneamente y hacer caer las monedas mas sólidas; las economías financieras se han liberado de cualquier forma de control social o político. En este sentido, el conocido George Soros afirma que: <<Los mercados votan cada día, obligan a los gobiernos a adoptar medidas ciertamente impopulares, pero imprescindibles. Son los mercados quienes tienen sentido de Estado>>. En este sentido, un personaje tan liberal como el ex primer ministro francés Raymond Barre afirma que:  <<Decididamente, ya no se puede dejar el mundo en manos de una banda de irresponsables de 30 años que no piensan sino en hacer dinero>>. Frente a la potencia de estos mastodontes de las finanzas, los Estados ya no pueden ejercer su función ejecutiva. Según Ignacio Ramonet, tres grandes fondos de pensiones norteamericanos movilizan diez veces mas dólares que las reservas de los siete países mas ricos del mundo <<Los gerentes de esos fondos concentran en sus manos un poder financiero de una envergadura inédita, que no posee ningún ministro de Economía ni gobierno de banco central alguno. En un mercado que se ha convertido en instantáneo y planetario, todo cambio brutal de esos auténticos mamuts de las finanzas puede originar la desestabilización de cualquier país>> ( ibidem, pp. 17-18 ).

Según Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique la globalización  es << la traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las del capital internacional >> y sus principios son muy parecidos a los defendidos por los teóricos neoliberales: Lo económico priva sobre lo político; el mercado es una mano invisible que corrige las asperezas y disfunciones del capitalismo, y muy especialmente los mercados financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimiento general de la economía; la competencia y la competitividad estimulan y dinamizan a las empresas llevándolas a una permanente y benéfica modernización; el libre intercambio sin límites es el factor de desarrollo ininterrumpido del comercio; la moneda fuerte es factor de estabilización; la desreglamentación, la privatización y la liberalización son factores determinantes       ( ibidem, p. 42 ).

Como se puede apreciar, la globalización se nos presenta como un proceso histórico irreversible, pero lleno de confrontaciones ideológicas. En lo que respecta a la libertad de expresión y libre circulación de la ideas, observamos que la internacionalización de las finanzas en el mundo, ha sido gracias a la tecnología  del satélite de comunicación, que es el instrumento que ha servido de infraestructura espacial para hacer posible la libre circulación de las ideas y de las opiniones, y por ende, de los mercados financieros internacionales, que se han convertido en auténticos “Estados o Gobiernos Virtuales”, que obligan a los internacionalistas a revisar los  principios de Soberanía y  del  Estado Nacion.

En este sentido, según Joaquín Estefanía, el segundo eje vertebral, después de los mercados financieros, que ha influido en la globalización, es el de los medios de comunicación. En nuestra opinión, en lugar de considerarlos el segundo eje vertebral, debemos considerarlo como el primer eje vertebral; ya que, para que los mercados financieros se desarrollaran en el ámbito planetario, fue imprescindible y necesario previamente la invención y aplicación de las telecomunicaciones hasta llegar a los satélites espaciales de comunicación. En este sentido, el mercado financiero internacional, se ha logrado consolidar  con el nacimiento del satélite de comunicación. Ahora bien, el hecho es que en el proceso de globalización estamos experimentando una revolución mediática que algunos gobiernos no terminan de entender. Estamos  en presencia de lo que Al Gore ( vicepresidente del Gobierno de Clinton ) ha definido como autopista de la comunicación que encarna hoy, <<lo que las infraestructuras del transporte por carretera representaron a mediados del siglo XX>>. Así pues, en junio de 1995 se desregularon en los Estados Unidos los mercados del teléfono, del cable y de la propiedad de los medios. Esta liberalización reorganiza el paisaje empresarial de la comunicación; mientras las compañías telefónicas competirán para repartirse los millones de hogares con televisión por cable; las empresas de televisión por cable podrán hacer negocio con la telefonía.

La revolución multimedia proporciona el soporte tecnológico a un mercado globalizado en el que los capitales cambian de sitio a la velocidad de la luz; constituye un poderosísimo sector industrial de vanguardia, que ha sustituido con éxito a las industrias de chimenea del siglo XIX y a las industrias clásicas del siglo XX. Es la simbolización mas ortodoxa, con los mercados financieros, del capitalismo del siglo XXI.  Del poscapitalismo ( Estefanía Joaquín: ob. cit., pp. 18-22

En Venezuela existe una situación contradictoria. Por una parte observamos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000; según este texto, y sus reglamentos, se permite que bajo la denominada habilitación general de servicios de telecomunicaciones, la posibilidad de prestar servicios telefónicos, de Internet y de televisión por suscripción, lo cual refleja una filosofía libre y abierta a los mercados. Por otra parte,  se observa una actitud estatista y muy crítica hacia la empresa privada. En lo referente a los operadores de telecomunicaciones que prestan  servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta dirigida al público en general, se asume una posición política de intervencionismo gubernamental de ideología fundamentalista. Así pues, en el mes de enero de 2003, el sector oficialista ha introducido en  la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regula el contenido de los medios de comunicación sonoros y audiovisuales, el cual contiene una filosofía de rígida censura sobre la radio y la televisión, que atenta contra la libertad de expresión y la tolerancia ideológica y democrática. Existe pues, una gran incongruencia entre la Ley Orgánica señalada y el proyecto de Ley que pretende imponer una censura retrógrada y draconiana a la radio y a la televisión, la cual recoge postulados reglamentarios dictados por gobiernos militares de 1941, que quizás se justificaron en su momento, pero que hoy forman parte de una historia superada  y archivada en el pasado.

ALEJANDRO FUENMAYOR



[1] (Vivanco Martinez Angela: La Libertad de Opinión y de Información, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1992 ).

 

Marco Legal de las Telecomunicaciones

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